El Gobierno de Zaragoza ha acordado prestar servicio de escoltas a las autoridades de la Corporación en las condiciones que los informes técnicos de seguridad especifican, de modo que se reducirá en parte.

Así, se reduce la asignación de protección personal al alcalde de Zaragoza, los miembros del Gobierno de la ciudad, los portavoces de los grupos políticos y exalcaldes, siempre que no renuncien voluntaria y expresamente a ella.

El servicio de protección personal del Ayuntamiento quedará reducido a 20 personas, con lo que se incorporarán 56 policías al servicio ordinario, precisa el Consistorio en un comunicado.

Esta medida contribuirá a reforzar la policía de barrio, la unidad de barrios rurales, la unidad de protección ambiental y consumo, la unidad de motoristas, la policía judicial y la unidad de seguridad de instalaciones, entre otras.

Todos los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza tienen garantizada su seguridad con las medidas ordinarias establecidas por la Policía local y los cuerpos de seguridad del Estado.