Menos del 20 por ciento de los miembros del Consejo General de la Abogacía española posee un conocimiento y un desarrollo "eficaz y real" de las nuevas tecnologías, según ha advertido este viernes la decana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, Milagros Fuentes, un día después de la entrada en vigor de la Ley reguladora del Uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia.

Esto supone la regulación del expediente judicial electrónico, en concreto, del derecho a la utilización de las tecnologías de la información por parte de los ciudadanos y profesionales en sus relaciones con la Administración de Justicia; de forma que, en un periodo de cinco años, el papel desaparezca y todos estos trámites se realicen vía electrónica.

Por tanto, precisa un cambio en la abogacía española, ya que, como ha explicado, el poder judicial no ha experimentado el desarrollo que "ha querido siempre" el artículo 24 de la Constitución Española: la tutela efectiva de los derechos fundamentales del ciudadano. Esto se debe, según Fuentes, bien a que ha habido "un descuido en avanzar" bien a "un fallo" en la dotación presupuestaria necesaria.

Estas declaraciones han tenido lugar en un encuentro en el Colegio de Abogados de Málaga entre varias decanas del país, con el objetivo de abordar los retos de la abogacía en el siglo XXI, que pasan por la ley de acceso a la profesión, la sanidad, las redes sociales, la mediación y el arbitraje, los modelos de despacho y la conciliación familiar de los abogados.

En este sentido, las únicas mujeres que ostentan decanatos de abogacía en España, frente a los 83 decanos que existen en la actualidad, han coincidido en apuntar hacia el sistema de elección en los procesos de selección como la principal traba con la que se encuentran estas profesionales, a pesar de representar el 50 por ciento de este sector.

Sin embargo, en el Consejo General de la Abogacía "estamos infrarrepresentadas", según la decana de La Rioja, Victoria de Pablo Dávila, quien ha asegurado que el sistema de elección no se lleva a cabo mediante "criterios objetivos, por oposición; sino por elección a dedo". Por tanto, toca "visibilizar para que las compañeras más jóvenes se animen y se vayan incorporando a los cargos de responsabilidad y decisión".

En la Administración de Justicia la situación es similar. A pesar de que los jueces menores de 40 años son mayoritariamente mujeres, llegando a alcanzar el doble en algunos tramos de edad. En el Tribunal Superior de Justicia existe una presidenta entre el total de 18, y en el Consejo Fiscal, cinco de entre 21.

No obstante, De Pablo Dávila ha señalado que la tendencia en este sector es a "la feminización". Así, en 2010, de los jueces magistrados con edades comprendidas entre 31 y 40 años, 936 eran mujeres y 481 hombres; de 41 a 50, eran 843 féminas y 873 varones, y, sin embargo, la proporción entre los 61 y 70 años era de 31 mujeres frente a los más de 300 hombres.

Esta diferencia por segmentos de edad se debe, en gran parte, a que la conciliación familiar y laboral entre las nuevas generaciones es "más fácil", a través de las nuevas tecnologías. A este respecto, la decana de los abogados de La Rioja ha explicado que "existen muchos instrumentos para que los despachos funcionen de otra manera y cambiar el sistema de trabajo fuera de casa".

Ley de acceso a la abogacía

Victoria Ortega, actual y primera secretaria del Consejo General de la Abogacía Española, ha analizado el sistema de acceso a la abogacía, para lo que, actualmente, sólo es necesario poseer la licenciatura de Derecho y la colegiación. Sin embargo, a partir del 31 de octubre de este año, con la entrada en vigor de la Ley de acceso, los nuevos profesionales tendrán que obtener un título profesional para ejercer su labor.

Sobre la obligatoriedad de la colegiación ha hablado la decana del Colegio de Abogados de Ceuta, Isabel Valriberas, quien ha señalado el carácter "polémico" de esta cuestión a raíz de la incorporación de nuevas directrices europeas. A pesar de los cuestionamientos sobre si debe ser obligatoria o voluntaria, "parece que en principio va a seguir siendo de colegiación obligatoria", ha indicado.

Así, frente a los detractores que critican el corporativismo de los colegios profesionales, los que están a su favor consideran que este sistema proporciona un servicio de mayor calidad a la sociedad, garantizando la existencia de "una ética profesional y una mejor formación". A este respecto, Valriberas ha defendido que "hay que adaptarse a los nuevos tiempos, sobre todo desde el punto de vista de la formación continuada para los profesionales que estén colegiados". ARBITRAJE

En cuanto a los 'Nuevos campos en el ejercicio de la abogacía: la mediación y el arbitraje', la decana del Colegio de Abogados de Elche (Alicante), María del Carmen Pérez, ha destacado la necesidad de "un cambio de mentalidad", tanto por parte de los letrados como de los clientes, ya que, como ha indicado, "no hay cultura" en este sentido.

A día de hoy, existe "una cierta reticencia" a resolver conflictos fuera de los tribunales porque, ha explicado, "entienden que el letrado sólo justifica su intervención y sus minutas cuando va a un pleito". Esto es un "craso error", según Pérez, quien ha asegurado que "a un cliente al que le evitas ir a un tribunal es un cliente agradecido".

De esta forma, ha subrayado las ventajas del arbitraje, en un momento en el que los tribunales se encuentran saturados. Supone "un ahorro de tiempo importante", al tiempo que "ambas partes puedan decidir sobre su conflicto es más gratificante a que sea un juez el que lo haga". En palabras de la decana, "es un reto que tenemos sí o sí".

Despachos y sanidad

La especialización constituye el principal factor que ha derivado en un cambio en los modelos de despacho de la abogacía española, según ha explicado la decana del Colegio de Abogados de Granollers (Barcelona), Lidia Condal. Las necesidades del nuevo siglo han propiciado que estas estructuras se acomoden a la actual situación económica y social, predominando nuevos modelos como el compartido, en el que se ofrece cobertura a varias disciplinas jurídicas.

Por último, se han analizado otros derechos de los abogados, como la cobertura sanitaria. La decana de La Rioja se ha cuestionado por qué "no se desarrolla de una vez", a pesar de que ya existe una proposición de ley aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados.

La respuesta a esta pregunta reside en "los 150 millones que cuesta ponerlo en marcha", según De Pablo Dávila, quien ha denunciado que "no tiene ninguna base jurídica que un español se quede fuera de esta cobertura".