Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d`Esquadra, han detenido a 20 personas pertenecientes a una organización criminal acusados de defraudar aproximadamente unos 900.000 euros a través de la falsificación de tarjetas de crédito. La banda cometía sus ilícitos en Cataluña, Madrid, Asturias y Galicia.

Según ha informado el Ministerio del Interior, también se han visto afectadas otras entidades bancarias en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En la operación se han practicado 10 registros domiciliarios, además de haberse desmantelado un taller de falsificación de tarjetas. Además se han incautado lectores-grabadores para la falsificación de las mismas, datáfonos, documentos de identidad falsificados, 50 tarjetas bancarias falsificadas, material e información bancaria y más de 6000 euros en efectivo.

La organización criminal basaba su actividad delictiva en captar a terceras personas que contrataban en diferentes bancos y cajas de ahorros datáfonos, simulando disponer de algún negocio. Una vez obtenían el terminal TPV lo entregaban a un gestor que simulaba contratos mercantiles con personas inexistentes. De este modo, en caso de ser descubiertos aparentaban que las operaciones fraudulentas las había realizado un comercial encargado de los cobros que había trabajado en la empresa.

El dinero obtenido se ingresaba en cuentas bancarias vinculadas a la contratación de los datáfonos y posteriormente se traspasaba a otras para efectuar el reparto.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de septiembre en Cataluña debido a una denuncia interpuesta por parte de una entidad bancaria, que ponía de manifiesto la detección de operaciones fraudulentas con tarjetas de crédito por importes muy elevados de dicha entidad y otras emitidas en Estados Unidos y Australia. Paralelamente se obtienen más informaciones sobre otros casos en Madrid, Galicia y Asturias.

Tras las investigaciones se pudo comprobar que los datáfonos eran finalmente entregados al núcleo de la organización, compuesto por varias personas magrebíes expertas en informática. Éstos compraban a piratas informáticos, establecidos en Rusia y República Dominicana, numeraciones de tarjetas para luego falsificarlas y realizar compras inexistentes en dichos TPV a cargo del titular legítimo de la tarjeta. Las cantidades cargadas oscilaban entre los 100 y 1.200 euros.