Asaja ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) que retire la Ley de Desarrollo Rural ante la ineficacia que este tipo de medidas ha tenido en otros países y por la falta de consenso que su aprobación ha generado entre las comunidades autónomas, según ha informado la organización en un comunicado.

En concreto, esta norma incluye los contratos territoriales de explotación como un requisito legislativo añadido por el que el agricultor suscribe nuevos compromisos de carácter medioambiental en el desarrollo de su actividad productiva, acuerdos que, según la asociación agraria, fueron un "completo desastre" en países como Francia.

Asimismo, ha destacado que en España este tipo de contratos no se han llevado "nunca" a la práctica, y ha señalado que son las organizaciones medioambientales, como WWF, Greenpeace, SEO BirdLife o Ecologistas en Acción, las que pretenden que se utilicen para "reverdecer" la propia PAC.

Por ello, Asaja ha considerado que no tiene "ningún sentido" implementar ahora en España este tipo de contrato, ya que no aporta ningún valor añadido para el agricultor y ganadero, y ha asegurado que los estándares medioambientales con los que cumplen los agricultores españoles son ya "suficientemente elevados".

Por último, la organización ha remarcado que este instrumento legal no ha contado con el apoyo suficiente por parte de las comunidades autónomas por falta de consenso y ha pedido al Ejecutivo que consulte la medida con los nuevos gobiernos autonómicos.