El PSdeG ve la "política espectáculo" de Feijóo en la petición de los 805 millones y lo atribuye a que hará recortes

El portavoz del Grupo Parlamentario del PSdeG, Abel Losada, ha enmarcado este miércoles en la "política espectáculo" del Gobierno que dirige Alberto Núñez Feijóo la reclamación al Ejecutivo central de los 805 millones con cargo a la financiación autonómica que la Xunta estima que debería pagar el Estado este año; y augura que esta petición esconde "recortes".
Abel Losada, Portavoz Del Grupo Parlamentario Del Psdeg
Abel Losada, Portavoz Del Grupo Parlamentario Del Psdeg
EUROPA PRESS
Abel Losada, Portavoz Del Grupo Parlamentario Del Psdeg

El portavoz del Grupo Parlamentario del PSdeG, Abel Losada, ha enmarcado este miércoles en la "política espectáculo" del Gobierno que dirige Alberto Núñez Feijóo la reclamación al Ejecutivo central de los 805 millones con cargo a la financiación autonómica que la Xunta estima que debería pagar el Estado este año; y augura que esta petición esconde "recortes".

En rueda de prensa, Losada ha criticado que la Xunta acudiese a Madrid a reclamar estos fondos (que, fundamentalmente, se corresponderían con el 'statu quo' y el fondo de cooperación) con la intención, ha interpretado, de "esconder la incompetencia de la gestión y promocionar la carrera política de Feijóo en Madrid".

Asimismo, ha recordado que la mayor parte de la cuantía demandada no está presupuestada para este año, lo que demuestra, a su juicio, que lo que pretenden es "enmascarar la incompetencia y reforzar" al presidente gallego en su carrera a nivel estatal.

De esta manera, para Losada, la reclamación de estos fondos responde a una búsqueda de "coartada para reducir los servicios públicos", pero ha advertido de que es "rotundamente falso" que haya que practicar recortes. "No es verdad que haya que cerrar centros de salud o escuelas infantiles públicas", ha aseverado.

Abel Losada recordó que la decisión de incluir en los presupuestos parte de esas partidas, las correspondientes al anticipo de fondos, ha sido una decisión unilateral de la Xunta y ha recordado que el Gobierno no lo estima para ninguna de las comunidades autónomas.

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