La DGA aprobó ayer el proyecto de Ley de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios, que sustituye a una normativa de 1997 que había quedado obsoleta. Entre otras cosas, la nueva ley busca adaptarse a las necesidades de la sociedad actual y a las exigencias de la normativa europea.

A partir de ahora, las compañías no podrán cortar sin previo aviso el agua, la luz o el gas ante un impago y, si sucede, la ley reconoce la posibilidad de restituir el perjuicio económico causado al consumidor.

El texto también hace referencia a las nuevas tecnologías, cada vez más implantadas en la vida diaria. A partir de ahora, comprar a través de Internet será más seguro. Toda la responsabilidad de posibles problemas recaerá en los prestadores del servicio (la tienda on-line) o en la entidad que respalda las tarjetas de crédito con las que se realiza el pago.

La nueva ley propone  otra novedad importante con respecto al antiguo texto. En los casos en que concurran varias normas diferentes, la situación se resolverá siempre de acuerdo con el principio de condición más beneficiosa para el consumidor.

Para que estas normas protectoras sean efectivas, el proyecto de ley contempla la apertura de oficinas municipales de información al consumidor en todos los municipios con más de 5.000 habitantes.

Evitar la vía judicial

Las empresas públicas deberán ofrecer a los consumidores y usuarios la vía extrajudicial del sistema arbitral siempre que haya un problema. Para asegurar que la nueva legislación se aplica de hecho, la DGA ampliará las inspecciones e incluirá acciones de mediación que ayuden al consumidor. También se establece un duro régimen sancionador, con multas que oscilan entre los 100 y los 600.000 euros.