El pleno del Consejo Económico y Social de Andalucía, presidido por Joaquín Galán, ha aprobado por unanimidad el dictamen sobre el proyecto de decreto por el que se regula el registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos de la comunidad autónoma de Andalucía, así como el deber de información de los mediadores inscritos.

De este proyecto normativo, remitido por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, se ha ocupado la Comisión de Trabajo de Asuntos Institucionales y Administraciones Públicas del Consejo.

Según ha informado en una nota el Consejo Económico y Social, en el dictamen emitido, el CES-A considera "necesaria y adecuada" la regulación de este sector de actividad porque viene a dar respuesta a la dispersión de normas existente en la actualidad y a la diversidad de rangos de las mismas, así como a "lo heterogéneo de sus contenidos". El Consejo apunta a que esta norma tiene como propósito "garantizar el principio de seguridad jurídica y ejercer las competencias atribuidas" a la comunidad autónoma de Andalucía en aplicación de su Estatuto de Autonomía y de la Ley de mediación de seguros y reaseguros privados.

Entre las competencias referidas de ordenación y supervisión de los operadores y mediadores de seguros, se contempla la llevanza de un registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos. A este respecto, el dictamen del CES andaluz valora que el presente proyecto de decreto logrará que la información que ofrezca en todo momento el registro "dé una imagen fiel, real y actualizada de los datos contenidos en el mismo".

En cuanto a las observaciones realizadas por este Consejo, el dictamen propone buscar una solución más flexible en el ámbito de aplicación del proyecto de decreto, en el caso de las personas y entidades que, siendo andaluzas por su ubicación y trabajando mayoritariamente en Andalucía, tengan alguna parte de actividad fuera de la comunidad autónoma.

Así, el CES andaluz apuesta por seguir "la solución planteada en el anteproyecto de Ley de Supervisión de Seguros para la distribución de las competencias entre la administración central y la autonómica, que establece que se entenderá que el ámbito de las operaciones se limita al territorio de la comunidad autónoma cuando estén domiciliados en ella al menos un 75 por ciento de los tomadores de los contratos intermedios en un ejercicio, permitiendo que el otro 25 por ciento esté en otras comunidades autónomas".

Con esta regla, el CES-A entiende que "se da una respuesta que estimamos adecuada a este tipo de situaciones, facilitando el cumplimiento de las obligaciones registrales a las personas y entidades del sector, y evitando a éstas la carga administrativa que podría suponer una obligación de cambio de registro ante una variación mínima de su negocio".

Por otra parte, el Consejo señala que, "con el fin de facilitar la desagregación estadística por sexo de los datos recogidos, sería conveniente que la variable sexo se incluyera como uno de los datos a indicar en el momento en el que se registren personas físicas".

También sugiere "la necesidad de concretar el concepto vínculos estrechos del apartado 1 del artículo 29 sobre la comunicación previa de la transmisión de participaciones o acciones de corredores de seguros personas jurídicas".