El anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda, que inicia este lunes su periodo de información pública en la web de la Xunta de Galicia, permitirá la posibilidad de "expropiación" de inmuebles de promoción pública por motivos de "no ocupación", de "falsedad documental" o por disponer de otra vivienda protegida.

Así lo ha destacado en rueda de prensa el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, quien ha reivindicado que esta nueva Ley presenta "vocación de permanencia", es ordenada, "transparente" y "aporta seguridad" frente a las "trabas" de la norma de 2008, que sentó "serias dificultades".

La posibilidad de expropiación se extiende "para todo tipo de viviendas" por motivos de accesibilidad del edificio, ejecutándose en determinados elementos privativos o comunes del mismo cuando sea necesario realizar obras o implantar instalaciones -un ascensor, por ejemplo-.

Otro de los casos que abarca la norma será por motivos de rehabilitación y se llevaría a cabo cuando las viviendas presenten condiciones de "deterioro grave" de funcionalidad, seguridad o habitabilidad y que supongan "riesgo grave" para las personas.

De este modo, esta modalidad permitirá "volver adjudicar" las viviendas protegidas a otros usuarios que las necesiten y penalizar su "mal uso".

Reserva de suelo por "demanda"

Uno de los puntos novedosos de la norma incide en el porcentaje de suelo reservado para vivienda protegida en cada ayuntamiento, permitiendo que se establezca en función de la "demanda" de cada tipo —régimen especial, general o concertado— que se acredite a través del Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia en cada municipio.

De este modo, se establece un 30 por ciento de reserva de suelo a vivienda de promoción pública adaptado "a la demanda real" y que se aumentará o reducirá en cada Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), que se ajustará así al registro de demandantes.

Según recuerda Hernández, en los últimos cinco años "únicamente" en 2001 y 2004 el porcentaje de vivienda protegida, en relación con el total de la terminada, fue superior "escasamente" al 10 por ciento. "De nada sirve establecer un porcentaje del 40 o del 30 por ciento si la realidad es muy diferente", afirma, para así defender que se regule a la baja o al alza en función de el tipo de vivienda demandado. La ley garantizará, además, la ejecución de las viviendas protegidas mediante la posibilidad de hacer un procedimiento expropiatorio.

Registro de promotores

Uno de los puntos de la norma inciden en la "protección de los derechos de consumidores" delimitando un "triple nivel de protección", diferenciando fases precontractuales, de proyecto y construcción y de vivienda terminada. Con ese fin, se regulará "la publicidad y la información en la oferta" de viviendas así como la documentación a entregar por los promotores en la venta, tanto en construcción como terminadas.

En este sentido, se regula la cantidad "máxima" a pagar como reserva —el 1% de su precio—, se prohíbe imponer al comprador los gastos de escritura de nueva obra, división horizontal y cancelación de cargas; y se impide condicionar la venta de vivienda protegida a la "imposición de la adquisición de bienes" que "no están vinculados a la misma" en la calificación.

Otra de las principales novedades será la creación de un Registro de Promotores de Galicia, con carácter informativo y con el objetivo de fomentar la "transparencia" del sector. La inscripción será necesaria para todos los promotores que quieran desarrollar su actividad en Galicia, y recogerá los datos básicos sobre personalidad y solvencia, obras ejecutadas, posibles sanciones administrativas o sentencias judiciales.

La nueva Ley regulará, además, el depósito de fianzas en arrendamientos de industrias o negocios, además de las viviendas, que impliquen alquiler de locales (traspasos).

Según la norma, los inquilinos no estarán obligados, a su vez, a acreditar el depósito de fianza del alquiler en su declaración del IRPF para desgravación de vivienda, ya que dicha obligación corresponde al arrendador. A pesar de ello, seguirán obligados a depositar la fianza en el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) en el plazo de un mes a partir de la firma del contrato.

Nuevas modalidades

La nueva Ley regulará, además, el régimen jurídico de las viviendas protegidas y la "prohibición a cualquier tipo de sobreprecio de las mismas", de modo que "únicamente" serán viviendas de promoción pública (VPP) las promovidas por el IGVS, sin ánimo de lucro. Por su parte, las viviendas de protección autonómica (VPA) serán aquellas impulsadas por promotores públicos, privados o autopromotores.

Asimismo, se crean viviendas de promoción pública concertada, construidas por promotores públicos o privados, cualificadas por el IGVS y adjudicadas por este organismo; y viviendas de promoción pública de inserción o asistenciales, en colaboración con otras administraciones públicas o entidades sin ánimo de lucro, para programas de carácter social.

Finalmente, se permitirán viviendas en copropiedad, de modo que cualquier administración local podrá establecer contratos en esta modalidad con los adjudicatarios que no puedan acceder a la propiedad completa. Estos tendrán la propiedad de por lo menos el 60 por ciento y pagarán las cuotas correspondientes, y en cualquier momento podrá disponer de la totalidad del porcentaje.

Aplazamiento de pagos

Uno de los puntos destacados que contempla la Ley es el aplazamiento del pago "cuando se den unas circunstancias económicas que pongan en dificultad hacer frente al pago de la vivienda de promoción pública", como enfermedad o situación de desempleo.

También se regularán los periodos de protección de las viviendas y las posibilidades de descalificación. En las zonas donde la diferencia de precio entre libre y protegida esté equiparada, el periodo será entre 15 y 25 años, permitiendo su descalificación "una vez transcurrido la mitad del plazo de protección" y se devuelva la totalidad de las ayudas percibidas.

Para aquellas viviendas que dispongan de más ayudas, como son las de promoción pública o las que cuentan con una intervención pública en la gestión del suelo, se mantiene el periodo de protección de 30 años y la imposibilidad de descalificación.

Dinamización del sector

Tal y como se avanzó en el Consello da Xunta, el anteproyecto recoge medidas para "reactivar el sector de la vivienda", como es la creación de una beca —en venta o alquiler con opción de compra—, gestionada por el IGVS y en la que se integrarán aquellas viviendas terminadas y en primera transmisión.

Esta medida se articulará en un convenio marco al que podrán adherirse promotores y entidades financieras interesadas, para facilitar la puesta en el mercado de viviendas, limitar los precios máximos y simplificar el inmediato acceso de solicitantes al stock, que suma ya 32.000 viviendas que no tienen salida.

La norma, que inicia este lunes su periodo de exposición pública, será presentada a lo largo de los próximos días a la Federación Galega de Municipios y Provincias y a todos los agentes implicados.