El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha acusado al servicio de emergencias 112 del Gobierno de Canarias de no cumplir con los protocolos y beneficiar a la Policía autonómica.

"Los servicios de emergencias del 112, tanto de Las Palmas como de Tenerife, dependientes del Gobierno de Canarias, no cumplen con los protocolos firmados con el Ministerio del Interior a la hora de comunicar los requerimientos de los ciudadanos que llaman al 112 en demanda de seguridad o para comunicar la comisión de un hecho delictivo", apuntó el SUP en un comunicado.

Al respecto, inciden en que "todas" las materias relacionadas con la comisión de delitos y faltas son "de exclusiva competencia" de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, según el ámbito territorial, mientras que la actuación de las policías autónomas y locales tiene el carácter de colaboradores según "lo dispone la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que han sido recogidos en los protocolos que se firmaron en su día entre Jaime Mayor Oreja y Lorenzo Olarte Cullen, cuando eran ministro del Interior y presidente del Gobierno de Canarias, respectivamente".

Sin embargo, insisten en que "es muy habitual" que cuando un ciudadano llama al 112 comunicando la posible comisión de un delito o una falta penal, los responsables de las salas de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife que coordinan los servicios de emergencias, "demoran y, en ocasiones, ocultan a los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la llamada con el único fin de comunicarla primero a la Policía Autónoma en aquellos sitios donde prestan algún servicio como sucede en Maspalomas o en Playa de las Américas y, en otros casos, donde no hay Policía Autónoma le dan prioridad a la Policía Local".

Otro de los hechos que critican es que en la "mayoría de los servicios en los que el ciudadano ha demandado presencia policial llamando al 112 en vez de al 091", al llegar la patrulla de la Policía Nacional, "que lo hace inmediatamente" según se recibe la comunicación del 112, ya se encuentra en el lugar requerido una unidad de la Policía Autónoma o de la Policía Local, cuando el hecho es asunto de la exclusiva competencia" de la Policía Nacional porque así lo establece la ley, produciéndose un "retraso malintencionado por los responsables del 112".

Estos hechos que calificó el SUP como una "actuación desleal" para con los ciudadanos y un propósito de "ningunear" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "con intencionalidad y mala fe, perjudican y dificultan" la posterior investigación de los hechos, debido "sobre todo al desconocimiento en el tratamiento y recogida de pruebas o vestigios que son tan necesarios para el esclarecimiento de lo sucedido y que en numerosas ocasiones se destruyen o se desvirtúan".

El por qué de esta actuación, según el SUP, es que de los responsables de las salas del 112 pretenden agradar a determinados políticos "aún a sabiendas del perjuicio que le pueden causar a los ciudadanos".

Finalmente, solicitan a los ciudadanos que cuando demanden un servicio policial, lo hagan llamando al teléfono 091, donde son atendidos por profesionales de la Policía, para que el servicio sea "más rápido y eficaz", en vez de hacerlo al 112.