En los próximos 6 meses, aproximadamente 4 de cada 10 inquilinos de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla podrían dejar de pagar sus rentas. Es al menos lo que asegura un estudio de una empresa del sector: Alquiler Seguro. Lo cierto es que en 2010 la morosidad en los arrendamientos urbanos aumentó casi un 17% según datos oficiales.

La crisis económica ha reducido las ventas de pisos, la concesión de hipotecas y en contrapartida ha reactivado el mercado de los alquileres. De hecho, el precio de alquilar un piso se ha ido estabilizando como consecuencia del aumento de la oferta.

Según Fotocasa, en mayo los alquileres han bajado apenas un 0,6%. El encarecimiento de los alquileres se ha ido frenando desde comienzos de 2009, cuando superaba el 4% interanual.

Sea como fuere, Alquiler Seguro cree que el sector ha experimentado altos niveles de riesgo en sus operaciones que han elevado considerablemente los casos de morosidad en los arrendamientos urbanos.

Según indica el Fichero de Inquilinos Morosos (de la Agencia Española de Protección de Datos), en 2010 la morosidad en los arrendamientos urbanos se ha incrementado en un 16,81%.

Por Comunidades Autónomas los mayores incrementos se han producido en Madrid (23,84%), Andalucía (21,37%), Comunidad Valenciana (19,38%) y Cataluña (17,65%), las cuatro CC.AA. se sitúan por encima de la media nacional. Las comunidades que han registrado un menor incremento de la morosidad han sido: Cantabria (2,43%), Canarias (2,53%), La Rioja (2,80), Navarra (3,61%) y Asturias (3,70%).

Las tres provincias que han registrado un mayor incremento porcentual de la morosidad en 2010 han sido: Málaga (25%), Madrid (23,84%) y Valencia (22,92%).

Según la empresa Alquiler Seguro, del total de operaciones sobre arrendamientos urbanos que ha realizado esta empresa de alquileres en esas cuatro ciudades en el último año, el 58,40% han sido autorizadas, es decir, son inquilinos fiables y solventes que van a pagar sus rentas.

Uno de cada 4 potenciales inquilinos (27,78%) han sido detectados como morosos y la operación ha sido rechazada (aparecen directamente en ficheros de morosidad, ASNEF o FIM). Por último, un 13,82%, a pesar de no aparecer con operaciones impagadas, no dispone de la suficiente solvencia económica demostrable para garantizar una puntualidad en el pago de las rentas.

Según esta empresa, la primera privada especializada en la protección a propietarios arrendadores, "la crisis económica sumada a la falta de profesionalidad en la elección de los inquilinos ha elevado considerablemente la posibilidad de tener un inquilino moroso".

El propietario que quiera echar a un inquilino que sistemáticamente no paga el alquiler debe interponer ante el juez una demanda de desahucio. Una vez estimada, la ley estipula en 50 días la ejecución de la orden.

Sin embargo, los trámites nunca siguen los tiempos marcados. Dependerán de la agilidad del juzgado, del desarrollo de las citaciones y de las tretas legales que se le consientan al arrendatario.

Superados estos obstáculos, y si el inquilino no ha accedido a dejar la casa, se procederá al desalojo forzoso, por el que se presentarán en el domicilio los miembros de la comisión judicial, acompañados, si fuera necesario, de las fuerzas de seguridad.