El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha asegurado que la crisis económica actual "ha cambiado el perfil del ciudadano que viene a vernos" ya que si "antes venían ciudadanos de todo tipo", ahora ha aumentado el número de desempleados, con casos "en situación extrema, que materialmente no pueden comer", siendo la vivienda "una parte importante del problema".

García Vicente ha manifestado, en una entrevista concedida a Europa Press, que en los primeros tiempos de la crisis hubo una mayor afluencia de desempleados del sector de la construcción, "pero ahora también viene gente a la que llamamos nuevos pobres", personas "que nunca pensaron que no iban a tener dinero para pagar el recibo de la luz al mes siguiente porque a lo mejor eran ingenieros, personas con una cualificación profesional alta, y que trabajaban los dos" miembros de la pareja.

Ahora, ha relatado, "uno de ellos se ha quedado sin trabajo y como tienen una hipoteca con un sueldo no pueden vivir". También acuden extranjeros regularizados en paro que no tienen familia que les pueda ayudar y "hay mucha gente que viene a pedir información para saber cómo afrontar la crisis económica porque no conocen sus derechos y los medios de asistencia a los que pueden acudir", ha apuntado.

El Justicia ha agregado que "la vivienda es una parte importante del problema" y ha abogado por flexibilizar las normas que regulan el registro de viviendas de protección oficial porque hay personas "que podría tener acceso a una, pero como no se puede ser propietario de dos y no pueden vender la actual, están en una situación de estrés enorme".

Además, ha precisado que a las personas que acuden al Justicia con problemas de impago de su hipoteca, se les informa, por ejemplo, de la posibilidad de negociar con el banco pagar exclusivamente los intereses durante un determinado tiempo hasta conseguir de nuevo un empleo "y cuando lo tenga, volver otra vez a amortizar capital".

Según ha señalado, "el primer interesado" en este tipo de acuerdos es el banco, "que no hace nada quedándose con una casa que no puede colocar" en el mercado.

Modificar el sistema hipotecario

Por otra parte, ha apostado por modificar el sistema hipotecario porque "esas hipotecas a plazos tan largos no tienen sentido" y por eso "en muchos países de Europa las han modificado". Ha añadido que "tampoco tiene sentido que se dé un porcentaje tan alto de crédito" porque en el mercado de la vivienda, "si hay mucha demanda, los precios suben en beneficio de los especuladores, que son a los que en ningún caso hay que beneficiar".

En su opinión, ante las facilidades para dar créditos, intereses bajos, plazos largos "y tasaciones muy por encima de lo real" muchas personas se han comprado un piso por encima de su posibilidades y por eso "la culpa es un poco de todos" ya que "a nadie se le obliga a comprarse una casa", mientras que "los únicos que se han beneficiado son los especuladores".

Por otra parte, ha considerado como una medida que "se puede plantear a futuro" fomentar la dación en pago, una fórmula que consiste en que el comprador de una vivienda pacte, al constituir una hipoteca, que únicamente responde con la hacienda hipotecada.

El Justicia ha dicho que esta posibilidad "ya la establece la ley hipotecaria", pero "sólo conozco un caso en los últimos 30 años en el que se haya llegado a eso" porque "en este momento lo que ya se ha pactado es difícil de modificar".

Financiación municipal

García Vicente ha considerado que lo ocurrido en el mercado inmobiliario español "lleva más lejos, a la financiación de los ayuntamientos, que debería hacerse sobre la base de unos impuestos regulares y no sobre la base de recalificar" suelo para construir viviendas "y de las licencias".

Esto ha hecho que, "en muchos casos, los ayuntamientos hayan sido los primeros promotores de esa generación desorbitada de oferta de viviendas" y ha estimado que "lo que hay que modificar es la financiación de los ayuntamientos".

En esta línea, ha argumentado que los gastos de un ayuntamiento deberían estar cubiertos por los impuestos ordinarios, mientras que es "injusto", por ejemplo, "que el impuesto de transmisiones esté tan grabado" porque en ocasiones una persona debe pagar varias veces hasta conseguir una vivienda que responda a sus necesidades, mientras que otra puede "tener la suerte de comprarla desde el principio y sólo paga una vez".

Además, a su juicio, "esto hace que la movilidad laboral esté limitada" porque para que una persona pueda cambiarse de trabajo o de ciudad "si tiene que pagar un 25 por ciento más por un nuevo piso, no le compensa".

Asimismo, ha recalcado que también debe haber una aportación del Estado a los ayuntamientos que se corresponda con las atenciones sociales que cubren, que a veces competen al Estado o a las Comunidades autónomas.

En materia de impuestos, ha reivindicado la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, y si bien ha comentado que es consciente de que "la situación económica es complicada para hablar de bajar impuestos", este "sólo lo paga la clase media" porque quien "tiene mucho dinero lo tiene colocado y el que tiene bastante dinero crea una empresa familiar, que no paga impuesto de transmisiones, ni de patrimonio, ni de sucesiones".

Sin embargo, la persona que trabaja todo el día "y no tiene tiempo para gestionar su dinero, compra acciones en una empresa grande", algo que "es tan respetable y necesario para el país como el que hace una empresa familiar" y, sin embargo, "paga hasta la última peseta" y eso "no es justo".

Además, ha subrayado que es "contraproducente" que Aragón sea la única Comunidad autónoma de todas las que le rodean que mantiene este impuesto, que ya se ha suprimido en Cataluña, Navarra, La Rioja y País Vasco, "lo que favorece que quien tiene una potencia económica importante se empadrone en otros sitios, de forma que estamos perdiendo aportaciones en vez de estar recibiendo".

Entidades sociales

El Justicia de Aragón ha comentado que otro de los problemas que está llegando a su institución con ocasión de la crisis económica, tanto en Zaragoza como en las comarcas, es "la preocupación de las entidades sociales y organizaciones no gubernamentales que están en primera fila de asistencia a las personas más necesitadas".

"Se quejan de que les han rebajado las prestaciones que tienen, de que hay retrasos en el pago" o de que se les ha prometido una determinada cantidad "y no les dan nada".

En este sentido, el Justicia ha sugerido a las administraciones que "cuando se comprometen a hacer un pago no pueden no dar la prestación" porque estas entidades sí que "están dando esa prestación real".

Respecto a cómo ha afectado la crisis a su Institución, ha comentado, por un lado, que posee el mismo personal y los mismos asesores que cuando llegó al cargo, en 1998, a pesar de que "hemos triplicado el trabajo".

"Somos una institución austera, que tiene un presupuesto de 2,1 millones de euros", ha dicho, para comentar, sobre el coche oficial que posee esta institución, que "lo utilizamos todos los días, yo y cualquier persona de la institución".

"Hay que usar los coches que sean necesarios; en algunos casos lo son y en otros a lo mejor hay que buscar otras alternativas o no tenerlo fijo", ha indicado.

Por otra parte, ha argumentado que la Institución del Justicia "evita gastos" a la Administración y a la Justicia y para el ciudadano "somos más baratos que otras alternativas" porque "la mediación siempre es más barata que el enfrentamiento ante un tribunal".

"En este país hay que desjudicializar la vida" puesto que "hay demasiados pleitos que van a los tribunales y que deberían de resolverse mucho antes, esa es la tendencia en el mundo anglosajón", ha apostillado.