La Xunta ha vuelto a insistir este jueves en hacer prevalecer la "presunción de inocencia" en el caso conocido como Operación Orquesta —que investiga una supuesta trama de corrupción en ayuntamientos de A Costa da Morte en la que están imputados dos alcaldes del PPdeG y un independiente— y ha declinado "adelantar opiniones o pareceres", ante lo cual los socialistas le han reprochado que actuó de forma diferente ante situaciones similares.

El director xeral de Relacións Institucionais e co Parlamento, Roberto Castro, fue el encargado de responder a esta pregunta (formulada por escrito y reconvertida en oral) para dejar claro que el Gobierno gallego se mueve bajo las premisas de "máximo respeto por la justicia, absoluta colaboración con las instancias judiciales y presunción de inocencia".

Sin embargo, el portavoz del Grupo Parlamentario del PSdeG, Abel Losada, le recordó al alto cargo de la Xunta que el Gobierno gallego no actuó igual ante otros casos. "¿Dónde estaba la presunción de inocencia?", se preguntó el dirigente socialista al respecto de la legislatura pasada cuando el PPdeG pidió la dimisión de la conselleira María José Caride por la imputación de funcionarios y altos cargos por la adjudicación de la Autovía do Barbanza (cuya causa fue impulsada por el PPdeG y posteriormente archivada).

Asimismo, Abel Losada también se refirió al caso conocido como la 'trama agraria' —que el PPdeG denunció por supuesto desvío de fondos— y el registro efectuado en sedes del sindicato Unións Agrarias (UU.AA.). Al respecto, indicó que el Gobierno gallego sí actuó en este caso, y advirtió de que el resultado son dos imputaciones en el Ejecutivo autonómico, los directores xerais de Avaliación e Reforma Administrativa de la Consellería de Presidencia, Jaime Bouzada, y de Promoción do Emprego del gabinete de Traballo, Andrés Hermida.

Además, el diputado socialista denunció que el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, trató de vincular al secretario xeral del PSdeG, Manuel 'Pachi' Vázquez, con la Operación Orquesta en el pleno.

"En un acto indecente, lanzó la insidia", ha criticado el parlamentario socialista recordando el cara a cara entre ambos en que el presidente gallego espetó al parlamentario del PSdeG que aparecía mencionado en el sumario y él (el presidente) no.

Losada también criticó que "juventudes de un partido (las del PPdeG)" se "manifestaron" ante la "vivienda privada de un ciudadano" (el líder socialista) por las supuestas irregularidades de la ampliación de su casa. En este sentido, Roberto Castro reconoció que esa acción puede ser "rechazable".

Presunción de inocencia

Así las cosas, el director xeral defendió que "no consta ninguna imputación" a ningún miembro del Gobierno gallego y recordó que "ni siquiera fue llamado a declarar como testigo" nadie, al tiempo que recordó que los nombres que aparecen lo hacen a través de menciones de "terceras personas". "De eso a una imputación hay un largo trecho", ha remarcado.

Además, indicó que la Xunta "está esperando a que la Justicia hable", por lo que ha advertido de que "no es el momento de sacar conclusiones". No obstante, ha asegurado que la Xunta "respetará y acatará la resolución" que se haga desde las instancias judiciales.

"Investigación toda, a fondo y a tope; y contundencia en el momento oportuno, no antes, a destiempo", ha refrendado Roberto Castro, quien ha demandado "prudencia".

Dos en un mes

Con este debate ya son dos los que se sustancian al respecto de la Operación Orquesta en menos de un mes en la Cámara gallega, en ambos casos preguntas por escrito formuladas por el PSdeG, que fueron reconvertidas en orales en comisión.

En la otra ocasión, el 17 de junio, la secretaria xeral de la Consellería de Traballo, Cristina Ortiz, defendió la desvinculación de la titular de este departamento, Beatriz Mato, (que aparece mencionada por terceras personas en el sumario) de la Operación Orquesta y denunció que, con el bipartito, en el departamento que dirigía Ricardo Varela, hubo "trasiego de currículos, correos y cartas, directos de responsables socialistas a miembros del Gobierno, para que colocasen directamente a determinadas personas".