La Asociación para la prevención y estudio de delitos, abusos y negligencias en informática y comunicaciones avanzadas (Apedanica) ha denunciado ante la Sección de Delitos Informáticos de la Fiscalía Provincial de Granada el formateo de ordenadores en los ayuntamientos de Loja, Salobreña y Armilla, donde el gobierno municipal ha cambiado de color político tras las pasadas elecciones locales del 22 de mayo.

La denuncia, interpuesta por el presidente de la asociación, el criminólogo Miguel Ángel Gallardo, se ha presentado a raíz de una noticia publicada en el diario 'Ideal' de Granada el pasado 26 de junio en la que se informaba de que las nuevas corporaciones en los ayuntamientos mencionados se habían encontrado con despachos vacíos y ordenadores con los discos duros formateados o borrados.

Según expone la asociación en el documento presentado, al que ha tenido acceso Europa Press, de ser ciertos los hechos publicados los responsables municipales serían imputables por un supuesto delito tipificado en el artículo 413 del Código Penal, que establece que "la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años".

Para Apedanica, la experiencia ha demostrado "que cuando se borran y formatean discos de sistemas informáticos institucionales quienes lo hacen se quedan con copia de los datos borrados para su uso personal, ilegalmente, por lo que podemos encontrarnos ante un serio concurso de presuntos delitos muy graves de los que los hechos ya publicados son claros indicios racionales de criminalidad".

Según considera la denunciante, el coste directo de una "mala transición política" en cualquier institución "puede llegar a ser mucho mayor que el estrictamente técnico", puesto que sus consecuencias son "imprevisibles", con lo que considera de "interés general y relevancia pública" el esclarecimiento de todos los hechos publicados con precisa identificación de todos sus presuntos responsables.

Por lo expuesto, solicita que se abran diligencias por el fiscal de Delitos Informáticos de Granada, o bien que sea el Ministerio Público quien traslade esta denuncia al Juzgado de Instrucción que corresponda, con "la mayor brevedad" por ser los hechos publicados en la prensa posibles delitos públicos "muy graves, y en todo caso, perseguibles de oficio".