La Fiscalía Superior de Cantabria ha presentado un escrito de demanda contra Telefónica de España promoviendo lo que se denomina acción de cesación, en defensa de los intereses consumidores, por la implantación del cobro del servicio de identificación de llamadas en los teléfonos fijos.

Este órgano se hace eco así de una serie de quejas promovidas por la entidad vecinal cántabra FECAV (Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos), que se ha personado en el proceso judicial que se seguirá en el Juzgado de lo Mercantil de Santander.

La federación ha hecho pública esta decisión de la Fiscalía, que además llevará el sábado al encuentro de la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos (CEAV).

Ellos basaron sus quejas en que Telefónica cambió de manera unilateral las condiciones del contrato, cuando pasó a cobrar el servicio que primero prestaba de forma gratuita que permitía conocer quien llamaba por teléfono en la pantalla, del mismo modo que sucede en los teléfonos móviles.

Desde la FECAV consideran que la identificación de los usuarios es algo inherente al servicio que presta Telefónica, inciden en que en entornos rurales era imposible darse de baja y elegir otro operador —opción que ofrecía la empresa a quienes no querían el cobro— y estiman que las indemnizaciones por esta decisión podrían rondar los 100 millones de euros.

((Seguirá ampliación))