La Audiencia de Cantabria ha revocado la prisión para la ex concejala de Sanidad y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Castro Urdiales, Elisa Dopico, por amenazas a una funcionaria municipal citada a declarar como testigo en el 'caso Trapur'.

En este proceso judicial se investigaba la adjudicación del servicio de desratización a la empresa Trapur, gestionado por un compañero de partido de Dopico en el PP, aunque finalmente, en el inicio del juicio, cuestiones formales hicieron que la parte de la causa relacionada con ella se retrotrayera a otro momento procesal anterior.

Como consecuencia de un auto del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Castro Urdiales, Dopico se encuentra en prisión provisional, por repetir sus amenazas a esta funcionaria, ya que tenía prohibido acercarse o comunicar con ella.

Ahora, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria revoca esta auto del juzgado cuyo titular es el magistrado Luis Acayro Sánchez, argumentando que no se puede probar que la autora de la llamada amenazante que denunció la funcionaria fuera Dopico, pero también por que no se cumplen las condiciones (riesgo de fuga, destrucción de pruebas, etc...) necesarias para fijar la prisión provisional.

El auto de revocación señala que los indicios contra Dopico son "pocos" y "débiles", ya que en la propia declaración de la denunciante esta hizo constar que había "bastante ruido de fondo", y la voz de la mujer que le llamó en tono "amenazante" estaba distorsionada y no se pudo identificar.

Y si bien hubo dos llamadas desde el teléfono de Elisa Dopico al área de Asuntos Sociales en que trabajaba esta funcionario, llamadas que podrían parecer "indicios relevantes" para incriminarla, se considera que no es "suficiente".

Dopico alegó que estableció la comunicación con la empleada para hablar sobre los viajes del Inserso, pero no se intentó corroborar este extremo con una declaración de la denunciante.

A esto suma la Audiencia que no se dan los requisitos que establece la ley para fijar la medida de prisión provisional. Estos requisitos son: riesgo de fuga, alteración o destrucción de pruebas o de actuar contra bienes privados de la víctima, o intentos de agresión hacia esta o sus familiares.

Y en este sentido, se afirma que tampoco existen pruebas de que los daños que la funcionaria sufrió en su vehículo fueran cometidos por Elisa Dopico o por personas que se encontraran a sus órdenes.

El Juzgado de lo Penal número 3 de Santander tiene programado para este miércoles, a las 11.30 horas, el juicio contra Dopico, si bien lo más probable es que se dé a conocer un acuerdo alcanzado entre las partes.