Condenan a tres hombres detenidos desembarcando casi tres toneladas de hachís

La Audiencia de Málaga ha condenado a tres hombres de nacionalidad española que fueron detenidos en el desembarco de casi tres toneladas de hachís en el puerto deportivo de El Candado, en la capital malagueña. Se les impone tres años y nueve meses de prisión a cada uno y el pago de una multa de 7,7 millones de euros.

La Audiencia de Málaga ha condenado a tres hombres de nacionalidad española que fueron detenidos en el desembarco de casi tres toneladas de hachís en el puerto deportivo de El Candado, en la capital malagueña. Se les impone tres años y nueve meses de prisión a cada uno y el pago de una multa de 7,7 millones de euros.

Según se declara probado en la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, los acusados estaban un día de abril de 2008 en dicho puerto "a la espera de la llegada de una embarcación, de la que sabían previamente que arribaría a esa línea de la costa, con el fin de desembarcar sustancias estupefacientes".

Esta embarcación llegó sobre las 02.00 horas de un lugar no identificado y guiada por personas desconocidas que dejaron varios fardos con hachís en la bocana del puerto, según la resolución, en la que se apunta que además una persona no identificada tampoco pidió al vigilante que abriera para que entrara una furgoneta.

Así, dos de los acusados "comenzaron a cargar los fardos con la intención de introducirlos en el vehículo que hasta ese lugar había llevado conduciendo el tercer procesado, quien era la persona encargada de trasladar la droga hasta un lugar desconocido", según se indica.

Agentes de la Guardia Civil de Rincón de la Victoria estaban siguiendo la operación. Cuando fueron sorprendidos, dos de los acusados intentaron huir, uno salió corriendo hacia la carretera y el otro, que llevaba dos fardos, los tiró y se lanzó al agua, mientras que el tercero hombre fue detenido en la furgoneta.

Los fardos intervenidos tenían un peso de 2.921 kilos. A los tres, que negaron los hechos en la vista oral, se les condena por un delito contra la salud pública, para lo que el Tribunal ha tenido en cuenta las declaraciones de los efectivos del instituto armado y no considera creíbles las versiones exculpatorias.

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