Un total de 23 de los 32 procesados por su implicación en una red de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico ha reconocido su participación en el delito y sus abogados llegaron a acuerdos de conformidad con la Fiscalía para rebajar la solicitud de pena para ellos.

De esta forma, en la primera sesión del juicio por la denominada 'Operación Cormorán', que se inició la mañana de este martes, se confirmó que 23 de los acusados aceptan multas según patrimonio, pero siempre superiores a los 45.000 euros, y seis meses de prisión, lo que significa que en la práctica ninguno irá a la cárcel.

En la primera jornada en el macro juicio por la 'Operación Cormorán' no hubo sorpresas, y no acudió ante el tribunal ninguno de los dos principales inculpados, que están fugados, el vecino de Ribeira José Antonio Pouso Rivas, alías 'Pelopincho', considerado principal cabecilla de la trama, y el abogado pontevedrés Manuel Franco Argibay, que presuntamente era quien le llevaba el negocio.

Sin ellos, el principal protagonismo fue para sus mujeres: Natividad Laborde, compañera de Argibay; Teresiña de Jesús, mujer de Pouso; Lidia Niele y su prima Kely, que tuvieron sendos hijos de Pouso.

Las tres primeras dicen que son inocentes, la cuarta, Kely, reconoció su culpa pero sin querer entrar en detalles. "Yo no sé a qué se dedicaba porque entonces tenía menos de 18 años y sólo veía dibujos y telenovelas en la tele", declaró.

Nueve defienden su inocencia

De esta primera sesión del juicio, que arrancó en el edificio de la Diputación Provincial de Pontevedra debido a la cantidad de encausados, salieron dos grupos perfectamente diferenciados: nueve acusados que se declaran inocentes y los otros 23 que reconocieron su participación en el delito de blanqueo y llegaron a acuerdos de conformidad con la Fiscalía.

En cuanto al grupo de los que se declaran inocentes, la estrategia de las defensas ya quedó clara desde el primer momento y se basa en plantear la nulidad de las pruebas argumentando que el procesamiento se sustenta en escuchas telefónicas que se realizaron sin justificación alguna, basándose en simples rumores.

"El atestado inicial que da lugar a las presentes investigaciones es bastante elocuente porque habla de rumores y habladurías", esgrimió la letrada de la defensa.

Los fiscales defienden las escuchas

Por contra, los fiscales del caso, Luis Maria Uriarte y Augusto Santaló, rebatieron ese planteamiento inicial sobre el que el tribunal se pronunciará en sentencia. Uriarte entiende que las escuchas estaban plenamente justificadas porque "había numerosísimos indicios".

A mayores, el fiscal Santaló señaló que gran parte de la acusación no se sustenta en las escuchas, o no sólo en éstas, sino sobretodo en la documentación que se obtuvo de registros públicos donde constan patrimonios que no se entienden ante la falta de ingresos. Hubo dos autos de registros, y los dos están en su opinión fundamentados.

Así pues, las restantes nueve personas que se sientan en el banquillo de los acusados se enfrentan a penas de entre cuatro y seis años, el máximo para este tipo de delitos. Tras la jornada de hoy, la vista oral se podrá retomar el 28 de junio, ya en la sede de la Audiencia Provincial.

La 'Operación Cormorán' se desarrolló a finales de 2004 y a la red desarticulada se le ha atribuido el blanqueo de unos 15 millones de euros procedentes del tráfico de drogas a través de la compra de inmuebles, joyas, coches, antigüedades y artículos de lujo.