El juicio por el caso Limusa, por el que se investiga una presunta trama de corrupción en torno a la empresa de limpieza municipal de Lorca del mismo nombre, y cuyo juicio oral ha comenzado este martes en la Sala del Jurado del Palacio de Justicia de Murcia, ha arrancado con la retirada de la acusación contra el ex alcalde de Lorca, Miguel Navarro, y contra los empresarios, Juan Antonio Franco y Antonio Francisco Córcoles.

Además, el fiscal ha llegado a un acuerdo de conformidad con los abogados de tres de los acusados, entre ellos el ex diputado Bartolomé Soler, que supondrá una reducción de sus penas, pues se ha conformado con una pena de un año y medio de prisión, además de un año, un mes y 15 días de inhabilitación para cargo público, no así la de ex gerente de la empresa, Francisco Gil Eguino, que dependerá del pago de 240.000 euros.

Tras la notificación, Navarro, que se ha congratulado de que "al final se ha hecho justicia, aunque tarde", ha declarado a su salida de los juzgados que esta retirada de acusaciones "corrobora lo que venimos diciendo desde el principio, que nunca he cometido ningún delito".

Preguntado por sus compañeros de filas, el que fuera alcalde de Lorca desde 1993 hasta 2006, y que fue expulsado del PSOE, sólo ha querido desear a los militantes "mucha fuerza, unidad y muchas ganas", al tiempo que aconsejó "a algún dirigente que introduzca este tema en ese periodo de reflexión que tiene abierto y juzgue lo que ha pasado en mi situación".

Navarro aseguró, asimismo, que esta situación ha sido muy dura personalmente para él y para su familia porque "hemos sido víctimas de una situación mediática tremendamente difícil", tras lo que insistió en que "no hay pruebas ni cargos" contra su persona.

A partir de ahora, reconoció, "vamos a pensar", pues, advirtió, "algo tenemos que hacer". Preguntado si tomará medidas por la vía política, indicó, un "ya veremos, estamos pensando y reflexionando; el PSOE necesita reflexionar y yo también".

"sólo me voy a fiar de mi perra"

Asimismo, el fiscal del caso Limusa, Juan Pablo Lozano, ha llegado a un acuerdo de conformidad respecto a tres de los acusados; se trata del ex diputado regional y ex consejero de Limusa, Bartolomé Soler; el ex concejal Jesús Molina, y el interventor municipal Francisco Javier Poyato, que han aceptado las nuevas penas solicitadas.

Así, Soler se ha conformado con cumplir las penas de un año, un mes y 15 días de prisión y seis meses de multa, con una cuota diaria de 11 euros, por un delito de falsedad en documento mercantil que absorbe a otro de malversación y otra pena de cuatro meses y 15 días de prisión y multa de cinco meses con la misma cuota diaria por otro delito de falsedad, pero en grado de tentativa. Además, deberá devolver los 30.000 euros malversados, cantidad que había consignado con anterioridad ante el tribunal.

A su salida de los tribunales, el ex diputado señaló que hablará cuando haya sentencia, aunque apuntó "cuando empezó todo este proceso dije que había sido un puñetero pardillo, hoy digo que excepto de mi familia, sólo me voy a fiar de mi perra".

Por su parte, Poyato cumplirá un año, seis meses y un día de prisión y deberá pagar seis meses de multa, con una cuota diaria de 10 euros, por el delito de falsedad en documental mercantil y un año y seis meses de inhabilitación absoluta por un delito de malversación, además de devolver los 15.000 euros malversados, que ya tiene depositados.

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