El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha explicado que la Fiscalía no tiene constancia de ninguna denuncia por la prohibición de la entrada de escoltas en edificios municipales en localidades gobernadas por Bildu. Asimismo, ha insistido en que los alcaldes tiene "la obligación" de garantizar la seguridad de los ciudadanos y "más de los concejales" en este tipo de instalaciones.

En una rueda de prensa en Bilbao, Calparsoro se ha pronunciado de esta manera al ser preguntado sobre la posible existencia de base jurídica para impugnar estas decisiones que, según ha indicado, "lo tendrá que decidir la Abogacía del Estado o los afectados".

En cualquier caso, ha señalado que "la seguridad en un ayuntamiento, como en un edificio, corresponde a su responsable" y, por tanto, los consistorios tienen "obligación de garantizar la seguridad de cualquier persona y más de los concejales".

Aunque ha dicho desconocer "qué base tiene para prohibir o para no prohibir" la entrada de los escoltas de cargos públicos, ha insistido en que "la obligación de cualquier alcalde es garantizar la seguridad de las personas que, por su trabajo o por la razón que sea, legítimamente acceden a las instalaciones municipales".

"Si garantizan esto, el derecho a acceder o no sé dónde está regulado. Lo que sí está claro es que el ayuntamiento tiene obligación de garantizar (la seguridad)", ha añadido Calparsoro, que ha afirmado que en la Fiscalía no les consta ninguna denuncia sobre este tema.