El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha sugerido al Gobierno de Aragón que valore la posibilidad de suscribir un convenio con la Asociación PISO que otorgue una financiación estable a la labor sociolaboral que viene desarrollando esta entidad desde hace años, dedicada especialmente a la atención y reinserción social de presos y ex presos.

El Justicia precisa en un expediente elaborado tras recibir una queja de esta asociación, que esta entidad ofrece "el único recurso externo que cubre todas las etapas en el proceso de reinserción para personas presas y ex presas de Aragón, con trece años de experiencia y con resultados visibles", que poseen "pocas entidades" en España e incluso en Europa.

Fernando García Vicente también se dirige al Ayuntamiento de Zaragoza a quien le indica que estudie fórmulas para incrementar el apoyo que se viene prestando a la Asociación PISO, considerando la posibilidad de cesión gratuita de un local o espacio donde desarrollar sus actuaciones.

Por otra parte, el Justicia recuerda al Gobierno de Aragón las sugerencias formuladas sobre medidas que se podrían adoptar en el año previo y en los posteriores a la excarcelación de un preso, que se incluyen en el Informe Especial sobre 'Las necesidades asistenciales de la población con alto riesgo de delincuencia en Aragón. Problemas y alternativas en el cumplimiento penitenciario'.

Además, el Justicia reconoce el apoyo económico que el Gobierno de Aragón ha prestando en los últimos años a la Asociación PISO. Así, entre 2002 y 2010, el Instituto de Aragonés de Servicios Sociales ha concedido a la Asociación PISO 208.005 euros, con ayudas que se han incrementado progresivamente, salvo en 2009 y 2010, cuando fueron de la misma cuantía, concretamente, de 37.500 euros.

No obstante, apunta que la asociación no ha recibido ninguna cantidad a pesar de haberse publicado en el mes de diciembre pasado la correspondiente convocatoria de subvenciones para el periodo 2011-2012 del Gobierno de Aragón y no puede asumir los gastos de mantenimiento de una vivienda cedida gratuitamente por el Gobierno de Aragón.

Ayudas del consistorio

El Justicia de Aragón refleja en el expediente que el Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado varios proyectos de intervención a favor de la Asociación PISO por un importe total entre 2007 y 2010 de 59.000 euros y suscribió en 2004 con esta asociación un contrato de arrendamiento de una vivienda.

Además, esta entidad resultó adjudicataria en 2009 de una vivienda dentro de una convocatoria de Zaragoza Vivienda para la cesión de viviendas en régimen de arrendamiento destinadas a entidades sociales sin ánimo de lucro por un periodo inicial de dos años.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Zaragoza no ha abonado un 20 por ciento de la ayuda de 2010, si bien la asociación lleva varios meses sin pagar al consistorio la renta correspondiente al alquiler de una vivienda destinada a las personas con las que trabaja la entidad, según se expone en el citado documento.

Difícil situación

El Justicia de Aragón recibió una queja el pasado 21 de diciembre de 2010 sobre la "difícil situación" de la Asociación PISO por la falta de recursos económicos, "que había motivado la supresión de alguno de los servicios que venía prestando desde hace más de una década".

Por eso, en la queja se solicitaba de forma "urgente" fondos de las instituciones afectadas porque si no la asociación se iban a ver obligada a cesar en sus actividades, se lee en el expediente del Justicia de Aragón.

Fernando García Vicente opina que la queja pone de manifiesto la "delicada situación" de la Asociación PISO y la "necesidad urgente" de recibir fondos de las instituciones y entidades afectadas, "pues el insuficiente apoyo público está comprometiendo seriamente la continuidad de su labor, con las consecuencias que se derivarían para todo el colectivo que atiende".

El informe indica que en noviembre de 2010 la entidad atendía a 307 personas de forma que el cese de su actividad implicaría que 51 personas en el Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza), 35 del de Daroca (Zaragoza) y 13 del de Soria quedarían sin ninguna ayuda externa al centro, así como siete personas acogidas en las dos viviendas y 32 personas en seguimiento externo de varios años de continuidad.

Además, hay personas pendientes de salir en tercer grado en unos meses por la entrada en vigor de la última modificación de la normativa penal y también se verían perjudicadas las personas que realizan trabajos en beneficio de la comunidad. En el momento de interposición de la queja, la Asociación ya se había visto obligada a paralizar "nuevas y numerosas demandas de intervención".

El Justicia considera que la asociación recibe "cierto apoyo económico" de las administraciones públicas aragonesas, "pero que estas ayudas ni son suficientes ni gozan de garantías de continuidad ni se perciben con la periodicidad y puntualidad deseables, lo que lógicamente compromete el actuar diario de la entidad en su proyecto de inserción sociolaboral".

Asimismo, estima que la labor que desarrollan los profesionales de la entidad se encuentra "fuera de toda duda, habiendo dado suficiente garantía del aprovechamiento responsable de los limitados recursos económicos de que han sido depositarios".

Por todo esto, manifiesta que "sería deseable" lograr, a través de la "necesaria coordinación" entre las administraciones públicas con competencias en la materia, la "continuidad" del proyecto que desarrolla la Asociación PISO "garantizando, mediante un apoyo económico estable, una financiación mínima que permita consolidar los recursos humanos y materiales de la entidad, manteniendo los pisos de acogida y haciendo frente a los gastos de personal".

Defensor del pueblo

Fernando García Vicente remitió en diciembre la queja de la Asociación PISO al Defensor del Pueblo dada la implicación de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior.

"Si bien desde esa Defensoría no se ha comunicado, por el momento, el dictado de ninguna resolución al respecto, puestos en contacto con responsables de la asociación nos han indicado que la administración penitenciaria les ha manifestado su valoración altamente positiva sobre el programa que desarrollan, reconociéndolo como 'el mejor que habían visto en años'".

No obstante, "parece subyacer también una problemática presupuestaria para su merecido apoyo", sostiene el Justicia, que también señala que ha remitido al Defensor del Pueblo su sugerencia a las instituciones aragonesas para su toma en consideración en el expediente en tramitación.