Algo más de un centenar de trabajadores del mercado central de abastos de Sevilla, Mercasevilla, y de prejubilados de los expedientes de regulación empleo (ERE) promovidos en 2003 y 2007 cuyas rentas han quedado suspendidas, han protagonizado este lunes una nueva manifestación por el centro de la capital andaluza. Las nuevas movilizaciones del colectivo responden a la difícil situación económica que atraviesa esta sociedad mixta participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, el conflicto del expediente de regulación de empleo de 2007 y la supuesta amenaza de externalizaciones.

El presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), ha informado a Europa Press de que, en concreto, esta nueva movilización ha arrancado la mañana de este lunes desde el complejo urbanístico 'Metropol Parasol', en la céntrica plaza de la Encarnación, y ha recorrido el centro de la ciudad hasta el palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. "Ha habido una buena asistencia, porque muchos de los trabajadores estaban de servicio", ha dicho el líder sindical, quien ha cuantificado entre cien ó 120 el número de participantes en la manifestación.

Frente a la sede central del Gobierno andaluz, el colectivo ha reclamado, una vez más, una solución al enquistado conflicto del ERE de 2007, al que se acogieron unos 40 trabajadores ahora prejubilados y de cuyas rentas se desliga la Administración andaluz al no dar por válidos los acuerdos firmados por el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero.

Las cuentas de mercasevilla

Y es que Mercasevilla ha cerrado el ejercicio 2010 con pérdidas por valor de 381.560 euros, toda vez que la Dirección General de la lonja había sido facultada, en el anterior mandato, para "llevar a cabo las medidas oportunas para evitar una situación de insolvencia", dado que el ejercicio anterior, el de 2009, fue saldado con pérdidas por valor de 4.123.666 euros. De hecho, mediado 2010, la empresa se vio obligada a someterse a una operación de ampliación y reducción de capital al objeto de eludir una posible causa de disolución, extremo que ha llevado al gremio de mayoristas de fruta y hortalizas, socio minoritario de la empresa, a considerar "maquillado" el resultado de las cuentas de ese año.

La plantilla, en este marco, teme una posible "privatización" de servicios en un intento de la dirección general de la lonja para ahorrar costes, toda vez que sobre la empresa pesa además un pasivo de 9.046.976 euros a cuenta de la incertidumbre que rodea a la financiación del expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007, al que se adhirieron unos 40 empleados cuyas nóminas han quedado en el aire al haberse desligado la Consejería de Empleo de los pagos. El ERE de 2007, de hecho, figura en las diligencias incoadas por el juzgado de Instrucción número seis de Sevilla sobre la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos, a cuenta de su financiación y de la inclusión en el procedimiento de Antonio Garrido Santoyo, un exmiembro de la ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) que jamás había trabajado en la empresa.

Nuevo frente

El último episodio de la sociedad mixta ha surgido al quedar "temporalmente" paralizadas las nóminas de tres trabajadores prejubilados merced al expediente de regulación de empleo promovido en 2003 por la lonja hispalense. Se trata, en concreto, de P.V.M., J.G.M. y J.D.M., quienes figurarían entre las 111 "discordancias administrativas" detectadas por la Consejería de Empleo después de haber revisado 67 expedientes de regulación de empleo a cuenta de la posible trama de prejubilaciones fraudulentas investigada por el Juzgado de Instrucción número seis.