El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha sugerido al Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón que valore la posibilidad de fijar unos criterios "más rigurosos" para poder determinar la edad de los extranjeros no acompañados que llegan al territorio aragonés y atendiendo a los planteamientos marcados por el Instituto de Medicina Legal de Aragón.

La institución del Justiciazgo se ha pronunciado así tras iniciar de oficio en septiembre de 2010 un expediente con la finalidad de estudiar los criterios utilizados para la determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados que llegan hasta Aragón.

El interés de esta Institución surgió por el conocimiento de que desde la Fiscalía General del Estado se pedía la realización de unos protocolos de actuación conjunta entre el Ministerio Fiscal, las Comunidades autónomas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para solventar los problemas derivados de la determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados.

"Pese a que no era la primera vez que se abordaba la cuestión, se creyó oportuno conocer cuál era la postura de nuestra Administración", explica el Justicia en el expediente.

En él señala que el Departamento de Servicios Sociales y Familia le remitió un documento en el que reconoce que ha tenido dificultades en los últimos años para determinar en algunos casos la edad de menores extranjeros no acompañados, necesaria para determinar si deben ser atendidos como menores de edad y pueden ingresar en los Centros de Protección de Menores.

Desde los primeros casos, "se planteó la necesidad de coordinar la actuación entre las instituciones implicadas" y se realizaron reuniones entre la Delegación del Gobierno, la Dirección General de Extranjería, la Fiscalía de Menores, la Policía Nacional y el Servicio de Menores, entre otros, ha indicado el Departamento al Justicia.

Establecimiento de criterios

El Departamento de Servicios Sociales y Familia ha agregado que como resultado de estas actuaciones "se establecieron unos criterios de actuación en los que se acordaba la intervención y coordinación de los implicados", que "nos ha permitido funcionar a pesar de las dificultades que se presentan a la hora de determinar la edad y la amplia horquilla que en algunos casos presentan".

Así, el Departamento indica que entre las diversas pruebas que se pueden realizar, en Aragón se realiza la de radiografía de muñeca "y se utiliza la edad más favorable al menor, en la horquilla posible que nos da el radiólogo".

Además, el Justicia de Aragón pidió información al Instituto de Medicina Legal de Aragón, que le contestó que ya en abril de 2008 propuso crear un Equipo de Valoración de la Edad del Menor en Aragón, que sería estable, interdisciplinar y profesionalizado, bajo criterios de incentivos por programas concretos de actuación.

Desde el Instituto también se refiere a otras aportaciones y lamentan que "no se ha avanzado nada en la práctica real, por lo que se considera que la determinación de la edad de las personas extranjeras que manifiestan ser menores de edad únicamente puede hacerse siguiendo el plan previsto en abril de 2008, hace tres años; y que, ponerlo en marcha, requiere de una decisión política clara por cuanto también requiere de una financiación necesaria para medios técnicos y personales para su puesta en marcha".

Persistencia del problema

El Justicia expone en las consideraciones jurídicas que si bien no es la primera vez que se pronuncia sobre esta cuestión, lo vuelve a hacer porque ha constatado que persisten de el problema derivado de la determinación de edad de estas personas en las visitas realizadas a los centros de acogida y protección de menores, al que se une también "la falsedad de los datos plasmados en los pasaportes" relativos a la edad.

Además, existe "dificultad de quienes trabajan directamente con estas personas, motivada por la falta de eficacia de las medidas que se les están aplicando, llegando incluso a encontrarse con supuestos en los que sobrepasaban con creces la minoría de edad, lo cual supone que los recursos que se destinan a estas personas carecen de eficacia por estar creadas para menores de edad".

El Justicia ha indicado que la Institución participó en las jornadas que tuvieron lugar en otoño de 2010 en la sede del Defensor del Pueblo para llegar a un acuerdo que aunara criterios sobre esta cuestión.

Fruto de ello, se elaboró el Documento de Consenso de Buenas Prácticas entre los Institutos de Medicina Legal de España, en el que se plasmaban las Conclusiones de la Jornada de Trabajo sobre Determinación Forense de la Edad de los Menores Extranjeros No Acompañados, que en definitiva venía a suscribir la propuesta anteriormente referida por el Instituto de Medicina Legal de Aragón.

Por todo esto, desde esta Institución se cree que existen "motivos suficientes" para que la Administración impulse una nueva forma de actuación en la determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados, contando para ello con la colaboración del Instituto de Medicina Legal de Aragón".