EU ha considerado que la reducción de altos cargos llevada a cabo por el nuevo alcalde de Palma, Mateo Isern, "va más allá de lo razonable si se pretende tener un Ayuntamiento capaz de analizar políticamente los problemas de la ciudad y de implementar e impulsar los programas necesarios para afrontarlos".

Así, el partido ha asegurado que "a no ser que el señor Isern tenga un plan B basado en la contratación externa de recursos políticos a través de contratos de servicios, es literalmente imposible que una concejala y un director general puedan dinamizar los órganos de participación ciudadana, mantener programas como Red de Alimentos y Palma ciudad para todos, hacer una política de cooperación internacional que no se limite al reparto de subvenciones o desalojar el poblado de Son Banya".

Asimismo, cree que será "imposible" dinamizar la Agenda Local XXI o abordar con solvencia la política de movilidad con tan pocas personas gestionándolo.

El partido ha afirmado en un comunicado que los temas "más amenazados" debido al nuevo organigrama son servicios sociales, participación ciudadana, medio ambiente, política lingüística, trabajo y movilidad.

EU cree que esta nueva estructura puede afectar a asuntos como el diálogo con sindicatos y patronales para la creación de ocupación, el impulso de los nuevos órganos de participación creados durante la anterior legislatura, el diseño e implementación de nuevos líneas de actuación que respondan a nuevos problemas planteados por la realidad o la organización de los recursos municipales.

También cree que se pueden ver afectados temas iniciados en la pasada legislatura como el desalojo de Son Banya, la rehabilitación del barrio de Corea, movilidad, control del ruido o la mejora de la convivencia ciudadana.

Para UE éstas no son cuestiones que puedan abordar por sí solos los funcionarios y trabajadores municipales, sino que "precisan conocimiento, esfuerzo y dedicación política".

En este sentido, ha considerado que "la política neoliberal" que inspira el nuevo gobierno municipal "aspira en un gobierno de funcionarios y a limitar al máximo el papel de la política y de los políticos".

No obstante, en opinión de EU, "detrás esta fachada de eficacia y minimización del gasto público lo que se esconde es una posición reaccionaria que limita gravemente la capacidad de las instituciones para hacer frente a los problemas del la ciudadanía".

Asimismo, cree que ello puede derivar en "un castigo importante de los segmentos más desfavorecidos de la sociedad que más necesitan la intervención de las instituciones".

Respecto a la "supresión" del impulso del uso de la lengua catalana -desaparece la Concejalía de Política Lingüística-, EU ha recordado que el Ayuntamiento está obligado a ello por la vigente Ley de Normalización Lingüística.