El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha advertido este viernes de que Fiscalía responde con "tolerancia cero" ante el ataque violento a las instituciones democráticas —respecto a los incidentes registrados en Barcelona el pasado 15 de junio ante el Parlament, que se saldaron con seis detenidos—.

Conde-Pumpido se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras presidir en Valencia la Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas, al ser preguntado por si el ministerio público está investigando los altercados de Barcelona.

Al respecto, el fiscal general del Estado ha querido hacer una distinción entre el movimiento de los 'indignados', que es "absolutamente respetable" en cuanto actúan "pacíficamente", y lo que son "ataques directos a las instituciones". Sobre ello, ha reiterado que "la violencia no es admisible en ningún sistema democrático".

Para estos últimos, ha señalado que el Código Penal tipifica de manera específica, con una pena de tres a cinco años de prisión, a los que impidan físicamente, de manera violenta o con intimidación, el acceso a las asambleas legislativas de los propios parlamentarios, que son los representantes del pueblo.

"Es necesario —ha incidido— hacer una distinción entre una actuación pacífica, que es absolutamente respetada, y una actuación violenta, contra la que se actuará con la máxima contundencia", ha subrayado.

Por su parte, la fiscal jefe de Cataluña, Teresa Compte, que también ha asistido a la rueda de prensa, ha coincidido con Conde-Pumpido en tener "tolerancia cero" con "cualquier ataque a las instituciones democráticas".

También ha recordado que Fiscalía de Cataluña abrió diligencias de investigación penal por los altercados registrados en Barcelona el mismo día de los hechos. Ha indicado que hay dos grupos de personas que se están investigando: las que lanzaron el ataque contra los parlamentarios y obstaculizaron el funcionamiento normal del Parlament; y los que, una vez que los parlamentarios ya estaban en el interior, tuvieron un enfrentamiento con los policías en el exterior.

De este último grupo de personas, se han practicado seis detenciones. Respecto a ello, Fiscalía ha interesado que se practiquen una serie de pruebas "fundamentales" y que se tome declaración testifical a los agentes que no constaban en el atestado con el objetivo de que puedan concretar los hechos.

La jueza de guardia, según ha comentado Compte, ha abierto diligencias previas y ha acordado que las declaraciones de los policías se efectúen el día 39. En función de las pruebas que se vayan efectuando, el ministerio público "tomará las medidas cautelares".

Agentes infiltrados

Al ser preguntada por la actuación policial en Barcelona el día 15 y la supuesta presencia de agentes infiltrados, ha señalado que la Fiscalía actuará "si advierte algún abuso" por parte de la Policía, pero que a día de hoy "no se ha detectado en la jornada del día 15 ningún abuso".

Compte ha explicado que en cualquier manifestación o concentración masiva hay un grupo de policía cuya principal función es mantener el orden público, "como orden democrático y constitucional, y en este caso mucho más porque afectaba al funcionamiento del Parlamento de Catalunya", pero además hay otro grupo de agentes "que nos tienen que aportar las pruebas y que tienen que estar allí identificando, viendo lo que hace cada persona", puesto que no se puede imputar a 3.000 personas, dijo, sino "a quienes hayan ejercido los actos tipificados en el Código Penal".

En este sentido, ha indicado que los policías que estaban ejerciendo su función de "separar a los violentos de los que no lo son", estaban desarrollando sus funciones de policía judicial y, por lo tanto, "nos van a aportar las pruebas que en estos momentos están recabando".