La Ley de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia llegará al último pleno de este periodo de sesiones para ser aprobada de forma definitiva con los únicos votos del grupo mayoritario, el PPdeG, puesto que la oposición mantiene su rechazado a una normativa que considera "ultraconservadora" y que retrocede en los derechos de la mujer.

Con todo, lo hará después de acoger 12 aportaciones a través de enmiendas formuladas por el PSdeG y el BNG (seis de cada una de las formaciones), además de incluir media docena de enmiendas del PPdeG y una transacción, a la que llegaron los grupos en el debate en comisión de este viernes.

Así, el acuerdo alcanzado entre las formaciones se refiere a la defensa de los derechos de los menores de edad, que podrán personalmente o a través de quien los represente legalmente dirigirse a cualquier administración para pedir protección, poner en conocimiento del Ministerio Fiscal situaciones que atenten contra sus derechos o presentar quejas ante el Valedor do Pobo.

Además, según esta transacción —que modifica el artículo 44 de la normativa— las autoridades o responsables en materia de menores le facilitarán al Valedor "toda la información que le sea requerida".

En esta línea, el vicevaledor responsable prestará especial atención a defender los derechos, velar por el respeto de la legislación vigente en materia de protección de menores, proponer medidas susceptibles de mejorar la protección de los menores y a promover la información sobre los derechos y las medidas que son necesarias tomar para su mejor atención y cuidado.

Negociación abierta

A mayores, los grupos del PPdeG y del BNG mantienen una negociación abierta hasta el debate en pleno del texto, de forma que todavía está abierta la posibilidad de transaccionar dos enmiendas de ambos grupos y es relativa al artículo 52 del texto, sobre situaciones de desamparo.

Para él, los populares piden considerar desamparo la falta de escolarización del niño "con consentimiento o tolerancia" de los padres, e introducen el matiz de que "siempre que se suponga un "perjuicio grave" del menor o se "menoscabe su bienestar.

Por su parte, los nacionalistas reclaman sustituir todo ese texto por uno que considere situación de desamparo "la falta de atención educativa a la niña, niño o adolescente". DEBATE

Así las cosas, socialistas y nacionalistas mantienen su rechazo al texto, que llega al pleno con el voto en contra de los grupos de la oposición por reflejado en él los apostolados de la Conferencia Episcopal, algo que negó la diputada del PPdeG Marta Rodríguez Arias.

De hecho, la parlamentaria popular se puso de ejemplo como "mujer, soltera, sin pareja y sin hijos" para defender que el PPdeG no tiene en cuenta un único modelo de familia y ha ironizado que, de lo contrario, debería temer por su carné del partido.

Sin embargo, la socialista Beatriz Sestayo y la nacionalista Ana Pontón aseguran que la ley no recoge esa diversidad y pluralidad de los modelos de familia y han reclamado al PPdeG que "reconsidere" su postura antes de la aprobación final del texto.

Durante el debate, la diputada del PSdeG ha enfatizado que esta normativa está pensada para "satisfacer al electorado más ultra" de los populares y ha advertido de que se trata de una "consolidación" de un retroceso de los derechos de las mujeres, que "boicotea" las leyes de Igualdad o la de interrupción del embarazo.

Por su parte, la nacionalista Ana Pontón alertó de que constituye una normativa que "va por detrás de la sociedad" e incluye una "falsa moralidad", al tiempo que ha lamentado que sea una "regresión" en los derechos, tal y como —ha añadido— ya advirtió el Consello Económico e Social (CES).

Por su parte, la popular Marta Rodríguez Arias reivindicó que la normativa es de "protección de los menores y la infancia" y subrayó que "hay otras leyes que protegen a la mujer".