El nuevo concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín, se ha comprometido a elaborar una nueva ordenanza sobre antenas de telefonía móvil basada en el texto presentado a la corporación el pasado mes de abril por la Plataforma de Afectados por las Antenas de Telefonía Móvil de El Sobradillo, integrada en la plataforma canaria (Planmocan).

El compromiso, al que también se sumó el concejal de zona del Distrito Suroeste, Hilario Rodríguez, fue anunciado en el transcurso de una asamblea vecinal celebrada este miércoles en la asociación de vecinos Siete Islas, de El Sobradillo, a la que también asistieron los concejales Pedro Fernández Arcila (Sí se puede), que además insistió en que revisar las que existen a ver si cumplen con la normativa, porque se han visto muchas irregularidades, y José Carlos Acha (Partido Popular), en la línea de los anteriores de apoyar la nueva ordenanza, según un comunicado de prensa de la Plataforma.

En la reunión se ha acordado asimismo la creación de una comisión paritaria formada por representantes del Ayuntamiento, técnicos y vecinos de todo el municipio ( representantes de la Plataforma ) para abordar el asunto de las antenas de telefonía móvil.

La propuesta de ordenanza elaborada por la plataforma de El Sobradillo está basada en el "principio jurídico de precaución", un concepto que respalda la adopción de medidas protectoras antes de contar con una prueba científica completa de un riesgo.

Esta iniciativa, desarrollada con el asesoramiento jurídico de Pedro Fernández Arcila, es la consecuencia del silencio del Ayuntamiento de Santa Cruz tras diez años de reclamaciones por parte de los vecinos, que han visto aumentar de forma alarmante los casos de cáncer y otras afecciones desde que estos dispositivos fueron instalados en la zona.

El "principio jurídico de precaución" contempla que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no debiera utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos. Este principio de precaución se ha incorporado en varios acuerdos internacionales y es básico en la política europea sobre el medio ambiente.

El presidente de Planmocan, Antonio Porras, explicó al más de centenar de vecinos que asistieron a la reunión de ayer estos y otros detalles de la ordenanza que se trasladó hace dos meses al consistorio. Esta establece que el Ayuntamiento se reserva, por razones de salud ciudadana, urbanísticas o medioambientales, el derecho de establecer emplazamientos preferentes como mínimo a 500 metros del núcleo urbano para las estaciones base y sus correspondientes antenas.

La ordenanza contempla el establecimiento de "zonas sensibles": interior de viviendas; centros de trabajo, escolares, residenciales y hospitalarios; y cualquier otra área de ocupación por una misma persona durante un periodo igual o superior a seis horas. En estas zonas se limita la densidad de potencia a un máximo de 0,1mW/cm2, una cantidad notablemente inferior a la que se registra en la actualidad en El Sobradillo, donde existen tres antenas de telefonía móvil en el núcleo urbano que inciden directamente en una población de 3.000 personas.

La propuesta de los vecinos incluye el traslado de estos sistemas de comunicación a montaña Talavera, algo que, según la plataforma, las compañías se resisten a hacer porque implica unos costes que no están dispuestas a asumir.

La ordenanza tiene en consideración las Resoluciones Europeas de 2 de abril de 2009, sobre la salud relacionadas con los campos electromagnéticos (2008/2211 [INI]) y la Resolución de 4 de septiembre de 2008, sobre la Revisión Intermedia del Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud 2004-2010, en aplicación del principio jurídico de precaución, y considerando siempre los artículos 153, 168 y 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que promueve un alto nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente.