El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, ha advertido este jueves que las contrataciones realizadas por el Instituto Fomento de Andalucía (IFA), actualmente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), se regían por los convenios de la entidad y que, si bien reconoce "deficiencias", deja claro que "no ha existido ilegalidad alguna".

Ávila ha realizado estas afirmaciones en su comparecencia parlamentaria, a petición del parlamentario 'popular' Jorge Luis Ramos Aznar, para explicar el procedimiento de contratación de personal del IFA, tras unos informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

En este marco, ha dejado claro que las contrataciones se ajustaban en todo momento a los convenios del IFA y a derecho y que, aunque "hubo deficiencias en los procedimientos, no existió ilegalidad ni paralización en la implementación de elementos de mejora". Así, insiste en que en la actualidad "hay un mayor acercamiento a los requerimientos de la Intervención".

"El control financiero permanente debe desvelar cualquier elemento que se pueda mejorar para que se corrija. La Junta lo usa como elemento de corrección y no debe utilizarse como elemento de critica constante", sentencia Ávila, que entiende que "hoy no hay deficiencia en cuanto al seguimiento de las recomendaciones de control financiero permanente de la Intervención".

Asimismo, insiste que en la actualidad se realizando todos los procesos de selección, tanto de personal de carácter interno de promoción y de carácter externo, de acuerdo a lo exigido. "Desde IDEA, antiguo IFA, se están siguiendo las recomendaciones de la Intervención y se hace implementando instrumentos ligados a la mejora constante de procedimientos", concluye.

Por su parte, Ramos Aznar insiste en la necesidad de analizar la situación tras el informe Intervención General de la Junta de Andalucía que apunta a que, "al menos en 2002, 2003, 2007 y 2008, los procedimientos no se ajustaban a los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad". Así, advierte de que "una cosa es no tener responsabilidad directa y otra actuar como dique de contención para que no se sepa como se ha gestionado y vulnerar de forma taxativa el libre acceso a los puestos de responsabilidad".