El abogado del exedil de Urbanismo del PP en el municipio pontevedrés de Gondomar, condenado junto a un exconcejal de Cultura y un arquitecto por pedir dinero a promotores inmobiliarios a cambio de facilitar desarrollos urbanísticos en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), ha tildado de "un absurdo" y "un robo" la condena a su cliente por tres delitos de cohecho.

En la vista de apelación celebrada en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), tras su recurso, este letrado, Jesús Lorenzo, ha argumentado la falta de pruebas en la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

También ha cuestionado las escuchas telefónicas, las declaraciones del denunciante -un promotor-, de la Guardia Civil y del ex concejal de Cultura. Además, ha denunciado que el caso estuvo "influido" por el poder político.

En su alegato, tras la condena a su cliente, Alejandro Garrido, al pago de una multa de 540.000 euros (180.000 euros por cada uno de los tres delitos de cohecho) y suspensión de cargo público durante tres años, ha defendido la nulidad de las escuchas telefónicas y ha definido de "incalifable" la actuación de la Guardia Civil.

Falta de pruebas

Paralelamente, ha rechazado la existencia de pruebas. Así, ha manifestado que la documental aportada por el denunciante "no prueba nada", mientras que ha asegurado que el arquitecto también condenado, Borja Ramilo, "nunca ha acusado" a su cliente. "Todo el resto de testigos lo han exonerado", ha añadido al admitir únicamente la existencia de una prueba, la implicación de su cliente por parte del otro exedil.

"Ha sido condenado por ser concejal de Urbanismo", ha sentenciado el letrado en su intervención. Sin embargo, cada uno de sus argumentos fueron rechazados por la fiscalía, que ha pedido que se confirme la pena.

El fiscal José Ramón Piñol ha argumentado, en el caso de las escuchas, que fueron "revisadas por distintos tribunales" y rechazada su nulidad, mientras que ha negado que el secreto de comunicación se hubiese vulnerado. En el mismo sentido, se ha pronunciado en relación con la presunción de inocencia, mientras que ha apelado a la existencia de "prueba de cargo suficiente" para la condena.

"Estaba implicado con mayor o menor intensidad", ha apostillado el fiscal, quien ha cuestionado, en relación a la argumentación de la defensa, la existencia de una "teoría de la conspiración" contra este exedil.

Otros dos condenados

Junto a Alejandro Garrido, la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, condenó a José Luis Mosquera, exconcejal de Cultura independiente elegido en las listas del PP, a una multa de 135.000 euros (45.000 euros por cada uno de los tres delitos de cohecho) y 15 meses de suspensión de cargo público municipal, cinco meses por cada uno de los delitos.

La sentencia consideró probado que en los últimos meses de 2006 y primeros de 2007, "decidieron con ánimo de enriquecerse y sirviéndose de la ventajas que les proporcionaba su cargo oficial, obtener unas cantidades de dinero a cambio de favorecer con sus votos la incorporación en unos casos, y el desarrollo en otros", de proyectos urbanísticos que deberían ser incorporados al PGOM de Gondomar.

El tercer condenado, como colaborador necesario, fue el arquitecto Francisco Borja Ramilo, a quien se fijó una multa de 67.500 euros (22.5000 euros por cada delito).

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