La seguridad jurídica ante una de las más importantes inversiones para la economía de las familias es el tema que centra el trabajo de la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Murcia, Carmen Mérida Abril, ganadora ex aequo de la X edición del premio Santiago Gutiérrez Anaya sobre Propiedad Inmobiliaria, organizado por ABC y Cajasol Banca Cívica.

El jurado decidió este lunes distinguir con el premio a la magistrada murciana, y a Pilar Domínguez Martínez, doctora en Derecho Civil de la Universidad Castilla-La Mancha. En ambos casos, las obras se centran en el problema de la vivienda, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) en un comunicado.

Según el trabajo de la autora, la resolución del contrato de compraventa en la Ley 57/68 y la ejecución de las garantías, analiza pormenorizadamente las consecuencias del incumplimiento de los plazos de entrega de las viviendas adquiridas en construcción y destinadas a domicilio familiar, así como del incumplimiento de las garantías exigidas por la Ley para la devolución de las cantidades anticipadas por el comprador.

La crisis de las empresas del sector inmobiliario, como resalta la autora, "evidencia la desprotección del comprador que asiste, atónito, tanto a la perdida de su vivienda como de los ahorros invertidos en la compra de la misma", y la Ley 57/68, "olvidada pero en vigor desde hace 43 años, se configura como el único instrumento legal preciso para hacer frente a esta situación" concluye Mérida Abril.

Según el otro trabajo ganador, el Derecho Civil y la protección de la vivienda familiar "analiza lo que sucede con la casa común tras la crisis de un matrimonio".

El jurado, que ayer se reunió en la sede de Cajasol, está compuesto por el presidente del jurado y de la Audiencia Provincial de Sevilla, Damián Álvarez; el catedrático de Derecho Civil de la Hispalense, José León Castro; el secretario del jurado y abogado experto en Derecho Inmobiliario, Alberto Donaire; el registrador de la propiedad, Juan José Pretel; el notario Pedro Romero Candau; el catedrático, Guillermo Jiménez Sánchez; el abogado del Estado jefe en Andalucía, Eusebio Pérez; y la letrada jefe de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, María José Santiago Fernández.