El sindicato

Fsp ugt-A ha indicado que tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de no admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Audiencia Nacional contra la rebaja salarial a los funcionarios aprobada en mayo de 2010, avalando así la medida del Gobierno, el resto de recursos presentados, incluidos los planteados contra el "decreto de recortes" de la Junta de Andalucía, se resuelvan en la misma línea.

Fuentes de

Fsp ugt-A han indicado a Europa Press que el sindicato "acata la resolución del TC", aunque reconoce que "tras esta decisión del TC, nos tememos que el resto de recursos se irán resolviendo en la misma línea que la sentencia del Constitucional".

A juicio de esta central sindical "los recortes sociales y salariales no son las medidas adecuadas ni es la mejor vía para resolver los problemas económicos del país".

Asimismo, ha advertido de que el sindicato "seguirá luchando por recuperar esa pérdida salarial por otras vías".

La Federación de Servicios Públicos de UGT-A interpuso el año pasado recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el decreto-ley de la Consejería de Hacienda y Administración de la Junta de Andalucía, por el cual se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz.

Aquel recurso contra el decreto que prevé recortes salariales de los empleados públicos, fue interpuesto por el procedimiento especial para la protección de derechos fundamentales. UGT-A recordó entonces que este decreto modifica la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010 y ha sido recurrido por ser "contrario a derecho y causa de lesión para los legítimos intereses de nuestros representados", agregó este sindicato.

A nivel nacional, las Federaciones de Servicios Públicos de CCOO y UGT exprimirán "al máximo" la vía judicial con nuevas iniciativas para hacer frente a la rebaja salarial a los funcionarios aprobada en mayo de 2010, a pesar de que el TC no ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Audiencia Nacional, avalando así la medida del Gobierno.