El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, presidirá el Ayuntamiento de Zaragoza con un Gobierno de cuatro consejeros municipales y cuya prioridad será el pago a los proveedores de pequeñas y medianas empresas y a las entidades sociales.

Belloch ha calificado de "excesivamente pequeño" el equipo de gobierno, para reconocer que "no oculto que si es tan pequeño es porque espero miembros de CHA e IU y mientras se dejan sillas vacías, aunque sea a costa de cierta explotación laboral del actual Gobierno".

El primer Gobierno de la ciudad de esta legislatura ha aprobado el nuevo organigrama que por debajo de Belloch, sitúa al vicealcalde, Fernando Gimeno, quien además será el consejero municipal de Presidencia, Economía y Hacienda.

El consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda será Carlos Pérez Anadón; la consejería municipal de Acción Social, Servicios Públicos y Juventud recae en Carmen Dueso; mientras que Jerónimo Blasco mantiene sus anteriores competencias excepto la de Grandes Proyectos, que desaparece por los acuerdos alcanzados con CHA e IU para la investidura del alcalde. De este modo, será consejero de Cultura, Educación, Medio Ambiente y Participación Ciudadana.

"ley de capitalidad"

En rueda de prensa, Belloch ha avanzado que entre las acciones a desarrollar será la designación de los presidentes de las juntas de distrito y hacer una valoración de las sociedades municipales, "que de momento no se van a disolver", para empezar a hacer el trabajo estructural.

"La prioridad será extender las medidas económica de pago a proveedores de pequeñas y medianas empresas, los otros no, y a las entidades sociales" ha señalado Belloch para añadir que seguirá la elaboración y aprobación de un Plan de estabilidad económico financiera y aprobar los presupuestos municipales antes de fin de año.

También ha apuntado que la primera "iniciativa política" será la futura ley de capitalidad de Zaragoza, sobre la que ha recordado que en la actualidad hay dos borradores, uno del PAR y otro del PSOE que anunció en la campaña electoral, y "con este material iniciaremos las conversaciones" en el ayuntamiento y para las que también "quiero contar con el PP porque es una ley estructural de gran y especial interés para la ciudad y hay que adoptar acuerdos a 31".

Así, ha explicado que su intención es elaborar un texto consensuado entre todos los grupos municipales para remitirlo al Gobierno de Aragón e iniciar los trámites parlamentarios.

Sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con el futuro Gobierno de Aragón sobre la Ley de capitalidad ha reconocido que "con Eva (Almunia) en la Presidencia del Gobierno de Aragón sería seguro al cien por cien, pero sin ella el porcentaje disminuye". No obstante, ha confiado en que "con Rudi pueda llegar a un acuerdo sobre la Ley de capitalidad".

Su impresión es que a lo largo de esta legislatura "habrá dos dinámicas". Por un lado, el PP-PAR en el Gobierno de Aragón y por otro el bloque PSOE-CHA-IU en el Ayuntamiento, con un "PP muy activo, incluso cuando se les pase el enfado".

El alcalde ha confiado en que las relaciones entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza "salven la polémica y se rijan por la cooperación".

"vender cosas"

Sobre el pago a los proveedores, el alcalde ha reconocido que "los recursos no se de dónde saldrán" y ha dicho que "será de dónde digan los 16 concejales", en referencia a los que suman PSOE, CHA e IU.

"Sólo puedo dar mi opinión personal, pero será preciso vender cosas" al considerar que con los ingresos ordinarios del Ayuntamiento "no se puede".

Así, ha citado, a modo de ejemplos, la depuradora de Zaragoza porque "dentro de unos meses será de propiedad municipal y se podrían hacer cosas porque será un patrimonio del ayuntamiento en el que además no hay funcionarios. Es un ejemplo del alcalde", ha insistido y ha citado también la "torre de la Romareda", calificada como terciario para uso de oficinas.

Según sus cálculos, el pago a proveedores podría estar resuelto en un año y ha aclarado que al Consejo de la Juventud "no le debemos nada".

En cuanto a la política que seguirá sobre los impuestos ha señalado que se aplicarán "criterios de progresividad fiscal", para subrayar que "serán los negociadores lo que fijen el proceso".

Respecto a una posible revisión del catastro y del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) ha asegurado que "la revisión catastral ni siquiera se ha pedido a la dirección general el inicio del proceso", al tiempo que ha añadido que el criterio claro que se aplicará será el que "voten los 16 concejales".