En octubre de 2009, la Guardia Civil registró este espacio, que no era su vivienda habitual, tras comprobar, después de días de vigilancia, la existencia de plantas de cannabis tanto en el jardín exterior como en macetas.

En el registro intervinieron 4.400 gramos de hojas verdes de cannabis, 9.920 gramos de hojas medio podridas, 9.770 gramos de cogollos secos, así como 3.450 gramos de hojas secas, y 6.900 gramos de hojas de marihuana con una riqueza de 5,5%, además de herramientas como una báscula de precisión, 150 bolsas de diversos tamaños con cierre hermético, 20 litros de fertilizante, 2 ventiladores, un deshumificador, 4 plafones de sodio y cuatro lámparas de repuesto, 2 sistemas de secado y 33 recipientes herméticos.

El valor de la droga intervenida ascendía 99.000 euros.

La finca estaba dotada de instalaciones de invernadero y para el cultivo a gran escala, por lo que en el juicio se descartó la tesis de que fuera para el autoconsumo.

Los condenados plantearon una reducción de la pena alegando la colaboración que prestaron a la Guardia Civil cuando accedió a la finca. Pero el juez incide en que en ese momento había ya gran cantidad de hojas en el suelo, procedente de las plantas, por lo que les replica que "lo evidente no requiere de colaboración y lo evidente no requiere ser descubierto".

En consecuencia, condena a cada uno de los acusados a tres años y siete meses de prisión.