Si finalmente el "ensayo" del presidente del Congreso, José Bono, de recortar la jornada laboral de sus señorías se convierte en hábito, los diputados pasarán de asistir a una media de 80 plenos anuales a unos 55.

Bono tomó el jueves esta decisión cuando solo había en la sesión plenaria 29 de los 350 parlamentarios. Aún debe defenderla en la Mesa del Congreso, ya que ningún grupo político la apoya. Todos coinciden en que la propuesta transmite una mala imagen a la ciudadanía en tiempos de una crisis tan dura. Bono ya intentó defender la reducción de plenos en las Navidades de 2009, pero los partidos la rechazaron.

Los diputados ya descansan en julio y agosto (vacaciones de verano) y entre mediados de diciembre y mediados de febrero (vacaciones navideñas). Sin olvidar la Semana Santa (este año solo hubo tres días de pleno en el mes de abril). Además, en los meses laborales, la primera semana siempre es inhábil, por lo que lo normal es que sus señorías tengan pleno unos nueve días de media al mes. Aún quedan ocho días de plenos en este ejercicio parlamentario.

Ahora la sesión comienza el martes a las 16 horas, se interrumpe a las 21; prosigue el miércoles a las 9, se interrumpe a las 14 horas; y sigue el jueves a las 9. Si finalmente Bono se sale con la suya, los debates legislativos solo se producirán los martes y miércoles. Así, los diputados que no tengan reuniones de comisiones disfrutarán de una jornada semanal de doce horas, pues con asistir al pleno habrán cumplido.

Sus señorías economizarán un día de hotel, comida y viaje: el billete del AVE, del avión o la gasolina del coche particular corren íntegramente por cuenta del Congreso. Su sueldo no cambiará: 3.683 a para los diputados por Madrid y 4.636 a para los de fuera.

Bono informó el jueves a los grupos parlamentarios que está decidido a suprimir la pensión complementaria a la que pueden acogerse los diputados que han ocupado escaño durante al menos siete años, a dar la máxima publicidad posible al patrimonio de diputados y senadores (no así el de sus familias), y a dificultar la compatibilidad del escaño con actividades privadas.