La Fiscalía Anticorrupción de Alicante considera que el despacho Salvetti Abogados, administrado por Francisco Javier Gutiérrez Miguelez —colaborador externo en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante—, y por José Luis Castedo Ramos —hermano de la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo—, habría modificado el PGOU para favorecer al empresario Enrique Ortiz a cambio de ser contratado para realizar gestiones para una empresa participada por Ortiz y de "un porcentaje y un fijo en todo".

El sumario de la pieza separada del caso Brugal que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del PGOU de Alicante, al que ha tenido acceso Europa Press, contiene unas diligencias previas en las que el acusador público sostiene que el informe policial realizado en esta causa "pormenoriza una serie de conversaciones que incidirían en la presunta información privilegiada y consecución de los intereses urbanísticos a favor de Enrique Ortiz" y de su socio en Deproinmed, José Cortina —directivo de Bancaja—, por Francisco Javier Gutiérrez —ex concejal socialista en el ayuntamiento de Alicante— y José Luis Castedo Ramos.

En este sentido, el informe policial destaca dos actuaciones concretas en las que "parece ser" que a través de los administradores de Salvetti Abogados "se han podido realizar beneficiosas modificaciones en la redacción del PGOU" de Alicante y se ha obtenido y aprovechado "información privilegiada referida al mismo", por la que la sociedad "se ha visto retribuida", como "contrapartida", con "diferentes pagos".

Así, el informe refiere un pago de 69.600 euros realizado en 2009 por Deproinmed a Salvetti Abogados por sus gestiones, entre las que destaca la información que Javier Gutiérrez pudo aportar a Ortiz sobre zonas susceptibles de ser recalificadas en el Plan, a raíz de una conversación entre el empresario y Gutiérrez, en julio de 2008, en la que el primero solicita al segundo que le consiga alguien que "le venda barato un suelo" en la pedanía alicantina de Fontcalent.

"el negocio del siglo"

El documento de la Policía contiene una conversación en la que Ortiz le pregunta a José Cortina si tiene terrenos en Fontcalent, considerado parque natural sin adscripción a ninguna zona urbanizable del PGOU, de la que se desprende la intención del empresario de hacer "el negocio del siglo" consiguiendo, "al más alto nivel", la adscripción en ese suelo.

Así, en una conversación entre Ortiz y Cortina del 12 de octubre de 2009, el empresario le indica a su socio que se puede "conseguir meter tres millones" de metros cuadrados en Torres de la Huerta "adscritos" a Fontcalent, porque "al final de la película, es que vamos a tener que hacer un estadio con parte de esos beneficios".

Tras esta conversación, Ortiz telefonea a Javier Gutiérrez para consultarle la viabilidad de adscribir suelo a Torres de la Huerta, a lo que Gutiérrez contesta que sí, que es zona estaba contemplada como "un plan comodín".

Además, el 22 de octubre de 2009, en una conversación telefónica intervenida por la Policía, Gutiérrez informa a Ortiz de que el porcentaje "que va" en Fontcalent es del "0.33", en referencia a los metros que hacen falta en Fontcalent para conseguir un metro de techo en Torres de la Huerta, tema que el propio Ortiz trata por teléfono ese mismo día con José Luis Castedo.

También destaca el sumario el pago de 58.000 euros realizado por el empresario ilicitano Ramón Salvador Águeda a Salvetti Abogados por hacer una alegación al PGOU sobre unos terrenos en la zona del Rambuchar, que habrían sido incluidos en el nuevo Plan.

Así, el sumario recoge una conversación entre Ortiz y Salvador, de agosto de 2008, en la que Ramón Salvador pregunta al empresario por la identidad del abogado urbanista que ha redactado el PGOU, a lo que Ortiz contesta que "un equipo de Javier Gutiérrez".

Ortiz le pregunta a Salvador si se ha ocupado de hablar con Javier Gutiérrez para que "metan" los terrenos de esa zona en el PGOU, a lo que Salvador contesta que "claro". "Pues entonces estará metido", responde Ortiz.

El informe de la Policía destaca que en la factura que Salvetti Abogados le pasa a Ramón Salvador "en ningún momento el concepto del trabajo remunerado es relacionado con la elaboración de una alegación al PGOU", sino que hace mención a la tramitación "de los instrumentos de gestión y ejecución del Plan Parcial para el desarrollo del sector Valle Del Sabinar de San Vicente del Raspeig (Alicante)", lo que podría evidenciar "un interés en desvincular la factura emitida con la gestión de asesoramiento efectuada".

Pago a alfonso mendoza

Además, la Policía destaca el pago de 32.000 euros realizado por Salvetti Abogados a Alfonso Mendoza Quesada —actual delegado de Urbanismo de la Gerencia de Urbanismo de Alicante—, cuando trabajaba como responsable jurídico del equipo técnico Laboratorio de Proyectos SLP, equipo redactor del PGOU de Alicante, bajo las órdenes de Jesús Quesada.

También resalta el informe policial otro pago de 64.960 euros efectuado por Salvetti Abogados a Laboratorio de Proyectos SLP, sobre el que incide la Policía en que "hay que tener en cuenta que Javier Gutiérrez es colaborador externo del equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante.