El lehendakari, Patxi López, espera que las diputaciones forales demuestren que las empresas han devuelto las ayudas por las denominadas "vacaciones fiscales" que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegales y ha asegurado que su Gobierno tratará de "minimizar" los efectos de la sentencia. Además, ha emplazado a hacer "una revisión crítica" de la "instrumentalización" de los incentivos fiscales y de cómo se "orilló la normativa" de la UE.

En su intervención en la Asamblea General del SEA, López ha recordado que la sentencia de Luxemburgo no es "favorable" a los intereses de los vascos, pero ha asegurado que, desde el Gobierno vasco se intentará, "en colaboración con el Gobierno central y las diputaciones forales, minimizar el efecto de esta resolución adversa para las empresas vascas y, por lo tanto, para el conjunto de la economía" de la Comunidad Autónoma.

"El desenlace de este viejo contencioso nos tiene que hacer reflexionar a todos sobre la utilización que se ha hecho en el pasado y qué debemos hacer en el futuro de uno de los pilares diferenciales y más sustantivos de nuestro autogobierno: la capacidad de intervención tributaria que recoge el Concierto Económico", ha aseverado.

En este sentido, ha apuntado que el Ejecutivo autonómico, "sin tener responsabilidad alguna en el origen y en el desarrollo de este litigio, ha sido absolutamente leal con las instituciones directamente concernidas y se ha volcado en realizar y apoyar todas las gestiones posibles para lograr una resolución favorable, o lo menos lesiva posible, para los intereses de Euskadi".

"Y así lo vamos a seguir haciendo, en la confianza de que las Diputaciones sabrán demostrar que las empresas, tal y como aseguran, han devuelto las ayudas", ha destacado.

No obstante, ha apuntado que, "una vez conocida la sentencia del Tribunal de Luxemburgo y las consecuencias que puede tener, hay que hacer una revisión crítica de la forma en que desde las Diputaciones se instrumentaron en los años 90 los incentivos fiscales a la inversión".

"Porque, ¿se tenía la capacidad normativa?, sí, y ¿había la necesidad de impulsar la economía?, también. Pero se orilló la normativa comunitaria sobre competencia, incumpliéndose la obligación de comunicar previamente las ayudas creadas a la Comisión Europea", ha aseverado.

Asimismo, ha indicado que, "cuando la presión de Bruselas, del Gobierno central y de las comunidades limítrofes, obligó a derogar las normas cuestionadas, no se recondujo la situación".

"Hemos visto cómo la prolongación del conflicto, lejos de disolver el problema, como se pretendió, lo ha agravado. No sólo dejó expuesta la capacidad normativa del Concierto Económico, sino que obligó a recuperar las ayudas concedidas, con el consiguiente perjuicio a las empresas que se beneficiaron de ellas, y amenaza ahora con una sanción multimillonaria por estimar que no se ha cumplido esa obligación", ha manifestado. REFLEXIÓN

Por ello, ha emplazado a "aprender de este episodio todos" y ha señalado que "una de las enseñanzas es que existen cuestiones sustanciales, que son de país, que no pueden abordarse exclusivamente con la visión de un territorio, de un partido o de una institución, independientemente de quién gobierne en ella o quién tenga la competencia".

"Son asuntos que hay que definir con una perspectiva conjunta y compartida al máximo. Y en esta categoría entra el Concierto Económico, la política fiscal y el uso de los incentivos tributarios para la inversión. Porque somos tres territorios, efectivamente, pero constituimos un solo país, una sociedad, y debemos actuar como tal. Tenemos que defender lo nuestro, pero sabiendo que formamos parte de un todo más amplio: Europa, que tiene sus reglas y procedimientos", ha añadido.

En este contexto, se ha comprometido a seguir impulsando una política "realista y efectiva de apoyo a las empresas, para afrontar la actual situación de crisis y crear empleo". "Pero, para hacerlo de forma eficaz y garantizar, a su vez, la seguridad jurídica necesaria, lo haremos respetando la normativa europea y la legislación vigente", ha asegurado. AYUNTAMIENTOS

Por otra parte, se ha referido a la próxima constitución de las nuevas diputaciones y ayuntamientos. En este sentido, ha mostrado su deseo de que la "base" de estas instituciones "sea la estabilidad, la responsabilidad y la lealtad para que éste país siga avanzando".

Respecto a la actuación del Gobierno, ha anunciado que la prioridad para los próximos meses va a ser "crear empleo de la forma más rápida posible", para lo que se van a dedicar "todos los recursos a nuestro alcance, incluso detrayendo algunos de otros departamentos".

Además, se ha comprometido a "asegurar de forma firme los Servicios Públicos", a adoptar medidas para mejorar la coordinación competencial entre las diferentes, a definir "de forma estable y racional" las políticas sociales y a dar "un impulso definitivo a la sociedad del conocimiento".