El magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Castro Urdiales, Luis Acayro Sánchez, calcula en más de 3,4 millones de euros el enriquecimiento ilícito que podrían haber alcanzado cuatro de los imputados por las irregularidades en el desarrollo urbanístico de la zona de La Loma.

En concreto, en el auto de procedimiento abreviado, conocido este jueves, se imputa por cohecho al ex secretario municipal César Saiz, a la técnico de urbanismo Yolanda Sánchez, al arquitecto municipal Pedro Restegui y al ex alcalde y actual portavoz de Acuerdo por Castro, Rufino Díaz Helguera

Según las estimaciones realizadas durante la instrucción, el arquitecto municipal podría tener un desfase entre ingresos y gastos de alrededor de 1,8 millones de euros hasta el año 2008. Mientras que en el caso del secretario el desfase sería de casi 1,1 millones de euros, en el de la técnico de urbanismo sería de más de 440.000 euros, y en el de Díaz Helguera de unos 150.000 euros.

No obstante, no son los únicos imputados en la causa en los que la instrucción ha puesto de relieve un desfase patrimonial. Así, el magistrado también señala los ejemplos del teniente de alcalde en funciones, José Miguel Rodríguez López 'KyK', o la técnico municipal Alicia García Gómez, en los que se ha detectado también "un desfase patrimonial considerable" en su entorno superior a los 600.000 euros.

Pero en el caso de estos dos últimos, explica que hay una "confusión" patrimonial con la actividad empresarial propia o de familiares que les permitiría acogerse a una cuestión tributaria sin alcanzar las cuotas de enriquecimiento ilícito para poder imputarles por cohecho.

Un arquitecto "doble agente"

El auto, de más de 200 páginas, detalla movimientos de cuentas, ingresos, y compras de viviendas, generalmente en efectivo, por parte de algunos de los imputados por cohecho.

Y abunda especialmente en el caso del arquitecto municipal Pedro Restegui, al que llega a calificar como un "doble agente", porque compatibilizaba su labor de arquitecto municipal con trabajos para distintas empresas promotoras.

Según indica el auto, Restegui fue primero coautor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y después se incorporó al Ayuntamiento como arquitecto municipal de confianza entre 1997 y 2005, cargo al que accedió "al margen de cualquier procedimiento y a pesar de las reiteradas denuncias sobre la ilegalidad de su situación".

En ese mismo periodo también trabajó para diversas promotoras con intereses urbanísticos directos en Castro Urdiales, lo que supone un "conflicto de intereses" que "le convertía en una especie de agente doble".

En opinión del magistrado, Restegui informaba favorablemente los proyectos de dichas empresas "en contra de planeamiento" y, a cambio, le encargaban trabajos externos o colaboraciones. Calcula que los ingresos que recibía de esas promotoras o despachos de arquitectos multiplicaban "casi por 20 su sueldo" como arquitecto municipal.

Por último, el auto señala también el caso concreto de un promotor, cuñado del ex concejal de Urbanismo Joaquín Antuñano que es, a su vez, primo de Díaz Helguera.

En este caso, el magistrado cree que se trata en realidad de un "posible testaferro", pero no se ha podido determinar de quién. Según dice, este promotor y su mujer tienen más de veinte inmuebles entre Castro Urdiales, Bárcena de Cicero, Benalmádena, Torremolinos y en Málaga capital y, sin embargo, hasta el año 2003 no constan préstamos hipotecarios.

Perjuicios ocasionados

Al margen del enriquecimiento ilícito, el auto cuantifica también los perjuicios económicos ocasionados, bien a las arcas municipales o a los afectados.

Así, cifra en más de 60 millones de euros esos perjuicios, ya sea por tasas e impuestos que no se cobraron a las empresas constructores, o por las cantidades que pagaron los propietarios de viviendas.

Así, el Ayuntamiento de Castro Urdiales se resintió de tasas por licencias no liquidadas ni recaudadas, cantidades no repercutidas a los promotores por daños ocasionados en el patrimonio municipal así como en los aprovechamientos urbanísticos y los terrenos de espacios libres de uso público de cesión obligatoria no recibidos o no aptos para su uso.

Estas cantidades se cifran según los datos recabados por el juez en más de 9,3 millones de euros.

Y en cuanto a los perjuicios a los propietarios de viviendas, se estiman en 52 millones de euros, que incluyen las cantidades que habían abonado por inmuebles que carecían de licencia de primera ocupación, circunstancia que los promotores les ocultaron, por lo que se pide que les indemnice, con la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Castro Urdiales.