El Atlante II, sistema informático de gestión procesal implantado en la Administración de Justicia de Canarias, ha superado el test de compatibilidad establecido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según el acuerdo adoptado por el Pleno de dicho órgano el pasado 26 de mayo. Esto supone, además, la revalidación de su implantación en los órganos judiciales canarios.

En un comunicado, el Gobierno canario explicó que la superación de este test se hace a instancias de la Comisión de Modernización e Informática del CGPJ que certifica que el Atlante II incluye las especificaciones concretas exigibles a los sistemas de información al servicio de la Administración de Justicia, los cuales deben asegurar el cumplimiento de las garantías y derechos establecidos en la Ley Orgánica de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.

Así, de acuerdo con el artículo 230.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "debe asegurar la compatibilidad de los sistemas informáticos de gestión procesal que forman parte de la Administración de Justicia en el conjunto del Estado", tal y como ha realizado con el sistema Atlante II.

Canarias se sitúa, así, entre las cuatro primeras comunidades autónomas que consiguen superar el test de compatibilidad, junto al País Vasco, Navarra y Cantabria. No obstante, hay que recordar que tanto la Comunidad Autónoma Canaria como Navarra lo han hecho con los sistemas Atlante II la primera y Atlante-Avantius la segunda, mientras que Cantabria lo ha logrado con un sistema realizado gracias a la cesión de los derechos sobre ambos programas por parte de Canarias y Navarra.

Por su parte, la implantación y puesta en marcha del Atlante II viene sustentada en el uso generalizado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, dentro del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS) suscrito, en diciembre de 2009, por todas las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado.

Interconexión entre operadores

Con él, todas las instituciones firmantes asumen el compromiso de establecer un sistema que permita la interconexión entre operadores y la mejora de la gestión y organización del trabajo diario y que al mismo tiempo sirva de fundamento al futuro expediente judicial electrónico.

En este sentido, el exponente más claro de este proceso es el Atlante II, que está considerado, en el conjunto del Estado español, un referente tecnológico y funcional, y así ha sido reconocido por diversas instituciones, destacando entre ellas el Consejo General del Poder Judicial o la Fundación Telefónica, en asociación con la consultora independiente Walter-Klüver.

Según explicó el Gobierno de Canarias, el Atlante II cumple con los objetivos que plantea el test de compatibilidad de utilización de los conceptos jurídicos expresados en las tablas de códigos según el reglamento de 2010; de registro homogéneo de asuntos en los Sistemas Informáticos de Gestión Procesal; en el intercambio de información entre sistemas: itineración de exhortos, itineración de recursos y asuntos, envío de resoluciones al Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), envío de información al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y envío de datos a Registros Centrales; así como en seguridad y auditoría, gestión del conocimiento y alardes.

Medidas de seguridad informática

En relación a las medidas de seguridad informática, cabe destacar que el Atlante II, tal y como establece el test de compatibilidad, sigue los criterios de seguridad en los sistemas de información al servicio de la Administración de Justicia, aprobados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su sesión de 13 de septiembre de 2007.

En el apartado de gestión del conocimiento, se definen y establecen los hitos relevantes en la tramitación procesal de los expedientes, incluidos en el Atlante II los sistemas de alertas y avisos para los asuntos de violencia de género.

Por último, el Ejecutivo regional destacó que la Comunidad Autónoma de Canarias es la primera Administración que contempla, en su sistema de gestión procesal, el servicio de Inspección remota habiendo sido igualmente pionera en aspectos como integración de la Fiscalía en el Sistema, el intercambio de información con el FOGASA, y en la itineración telemática de exhortos a otras Comunidades Autónomas.