El hasta ahora presidente regional José María Barreda, que pasará a ser presidente del Grupo Parlamentario Socialista en la oposición, será el encargado de defender la Ley del Agua de Castilla-La Mancha, una vez que el Congreso de los Diputados la tome en consideración, siempre y cuando el Partido Popular de la región, que no apoyó dicho texto, decida no retirar la Ley de la Cámara Baja, donde va a ser tramitada.

Así lo han confirmado fuentes socialistas a Europa Press, quienes han indicado que la Ley del Agua de Castilla-La Mancha, que incluía las demandas hídricas que recogía la modificación del Estatuto de Autonomía que finalmente no vio la luz por falta de acuerdo entre PP y PSOE, fue una iniciativa que surgió de las Cortes regionales, que son, en definitiva las "dueñas" del texto, y por tanto las que pueden aprobar su retirada.

Esto se produciría, han precisado dichas fuentes, si el Partido Popular, que ahora tendrá la mayoría en la Cámara regional, presentara una iniciativa para retirar esta norma del Congreso para que no continúe su tramitación.

Y es que, dichas fuentes han asegurado que los socialistas no tienen ninguna intención de retirar el texto de la Cámara Baja, como ya ocurriera con el malogrado Estatuto de Autonomía, que el hasta ahora presidente regional, José María Barreda, decidió retirar, al entender que se había devaluado su contenido.

Por ello, si el Partido Popular, que estará al frente del Ejecutivo castellano-manchego y tendrá 25 de los 49 escaños que conforman las Cortes regionales, no retira el texto, será finalmente Barreda, como jefe de la oposición, el que defienda ante el Congreso de los Diputados esta legislación, que contiene las demandas hídricas de Castilla-La Mancha, según las entiende el PSOE. TRAMITACIÓN

Después de dos plenos polémicos en las Cortes de Castilla-La Mancha, el PSOE regional consiguió que la Ley del Agua se registrase en el Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación. Fue el pasado 30 de marzo cuando José María Barreda, acompañado del hasta ahora presidenta de las Cortes, Francisco Pardo, entregaron el texto en el registro del Congreso de los Diputados.

Tan solo un día antes, el Convento de San Gil vivió una de las jornadas más tensas de la última legislatura, en la que la mayoría socialista, y ante la ausencia de la bancada 'popular', sacó adelante el texto.

Previamente, el presidente de las Cortes tuvo que suspender el pleno, después de que los diputados del Partido Popular, entre los que no se encontraba su presidenta María Dolores Cospedal, mostraran pancartas, en las que acusaban a Barreda de impedir hablar de empleo, tal y como propusieron los 'populares'.

De forma anterior, y en otro pleno lleno de enfrentamientos, la mayoría socialista rechazó la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular a la Proposición de Ley sobre el Agua, pues los socialistas consideraban que el texto alternativo presentado por la oposición "amputaba" las mejoras introducidas para garantizar los derechos de Castilla-La Mancha en esta materia.

Los 'populares' fijaban en 4.500 hectómetros cúbicos la cantidad de agua que consideran que Castilla-La Mancha necesitaba cada año, lo que suponía 500 hectómetros más de lo que proponían los socialistas. El PP señalaba que esta cantidad de agua podría ir variando en función de las necesidades de la región, y otorgada la prioridad a la cuenca cedente.

La sucesora del estatuto

La Ley del Agua de Castilla-La Mancha contiene todas las disposiciones legales que en materia de agua contenía la reforma del Estatuto de Autonomía, entre ellas una reserva estratégica que atienda las necesidades de la región, y que el PSOE cifró en 4.000 hectómetros cúbicos.

Por medio del texto, el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha pretendía también elevar su nivel de competencias en materia de agua, con una mayor participación en los órganos de dirección de las cuencas hidrográficas y tener un mayor peso en el proceso de planificación hidrológica, sobre todo en las decisiones que afectan a Castilla-La Mancha.

Además de querer asumir la gestión de las infraestructuras hidráulicas que está ejecutando el Estado, el texto hace alusión a una lámina estable de agua en los embalses de cabecera, Entrepeñas y Buendía, así como a la dotación suficiente para garantizar el caudal ecológico del río en todos sus tramos, de forma especial a su paso por Toledo y Talavera de la Reina.

Dicha norma, que fue apoyada por la Mesa del Agua, integrada por empresarios, sindicatos, representantes de las cámaras de comercio, asociaciones y organizaciones agrarias, así como con la Universidad de Castilla-La Mancha, la Federación de Municipios y Provincias y la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, entre otros, habla, asimismo, de los "pozos de sequía" del Segura, y de cómo evitar el abuso injustificado de los mismos.