El Juzgado de lo Penal número 3 de Málaga tiene previsto juzgar la próxima semana al que fuera alcalde de la localidad malagueña de Cómpeta Leovigildo López (PP) y a otras cuatro personas por la aprobación de una proyecto para construir una vivienda aislada unifamiliar en dicho municipio y conceder la licencia, obras que "no eran legalizables" y estaban supuestamente en suelo no urbanizable.

Según la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, en noviembre de 2004 se presentó solicitud para el proyecto de actuación de las obras de dicha vivienda en la zona conocida como 'Pago de El Cerro', suelo clasificado no urbanizable aplicando los parámetros de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) al ser un municipio sin Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) o normas subsidiarias.

En marzo de 2005, según el escrito inicial del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, la Consejería de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía hizo un informe desfavorable al proyecto "al no ajustarse" a varios artículos, sobre todo, porque "no se consideraba la necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada cuando esté vinculada a un destino con fines agrícolas o ganaderos".

No obstante, a pesar de eso, uno de los acusados, "actuando como asesor técnico municipal", emitió un informe en abril de 2005 con un contenido favorable a la aprobación, indica la acusación pública, "realizando una interpretación torcida y convenida de la normativa urbanística". Además, se añade que esta "lamentable" interpretación "fue corroborada y confirmada por la secretaria del Ayuntamiento".

Esta mujer, también acusada en la causa, actuó, según se precisa en las conclusiones provisionales del ministerio fiscal, como asesor jurídico y era "conocedora de la contrariedad a derecho del contenido del informe del técnico municipal y de los argumentos desfavorables de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta".

Además, se apunta que en septiembre de ese año, la comisión de Gobierno de la corporación, integrada por el entonces alcalde, Leovigildo López, y otras dos personas más —los tres acusados—, otorgó la licencia conociendo los miembros, que votaron a favor, "el informe categórico, claro y evidente de la Consejería en el que se pronunciaba sobre la no adecuación de lo pretendido".

Así, el fiscal acusa a los cinco por un delito sobre la ordenación del territorio, solicitando para cada uno una pena de un año y tres meses de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años. El juicio está previsto que se celebre el próximo jueves, día 9 de junio.