El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Félix Azón, ha manifestado que con la crisis económica organizaron "un plan de refuerzo para los juzgados de lo social", que es donde se encuentran los principales problemas, lo que ha hecho que "los despidos, que estaban tardándose en resolver tres meses, ahora lo están haciendo en un mes y medio".

"La responsabilidad del Consejo General del Poder Judicial es garantizar que todos los españoles que acudan a los juzgados tengan una adecuada tutela judicial efectiva", ha dicho Azón, que ha participado este jueves en una jornada sobre 'La libertad sindical como derecho fundamental', que se celebra hoy y mañana en el campus universitario albaceteño.

Azón ha indicado que el trabajo del CGPJ consiste en conseguir que "el tiempo de respuesta sea razonable, un mes o dos, y que el ciudadano no tenga que esperar" y ha añadido que "cuanto más rápidamente se resuelve un conflicto menos posibilidad de inestabilidad hay", pues la inestabilidad lo que hace es "retraer la inversión económica y la creación de puestos de trabajo".

Sobre la posibilidad de que algún derecho del trabajador esté afectado o en riesgo por la crisis, el vocal del CGPJ ha subrayado que para el Consejo es importante realizar actividades de formación para que "los jueces tengan una visión lo más amplia posible que les permita aplicar los principios esenciales del Estado social y democrático de derecho para que cuando llegue cualquier reclamación se dé una respuesta justa, acorde con la ley, que resuelva el conflicto y lo más rápidamente posible".

En este sentido, también se ha referido Petra García, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ-CLM), que ha dicho que "la situación de los trabajadores es muy precaria y la temporalidad en los contratos no se ha corregido con la reforma, al contrario, incluso se puede haber agravado".

Por su parte, el decano de la Facultad de Relaciones Laborales de Albacete, Joaquín Aparicio, ha hablado también de la situación de los trabajadores en esta crisis, reseñando que "la estabilidad en el empleo está puesta en cuestión porque nos lleva a la precariedad de los trabajadores".

Ha significado que "las garantías contra el despido cada vez son más débiles, y eso hay que reformarlo, por eso, los sindicatos lanzaron la iniciativa legislativa popular para cambiar esa Ley y hay más de 500.000 firmas que piden el cambio de la Ley".