La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha confirmado la multa de 1.200 euros que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) impuso a un particular por levantar una estructura de hormigón de bloques de más de 50 metros junto a un arroyo.

La edificación tenía además un cerramiento de malla metálica y se realizó sin autorización en una zona considerada de servidumbre del arroyo San Antonio, a 3,5 metros de distancia de su cauce.

La sanción también obligaba al denunciado a devolver la zona a su estado anterior. El particular presentó recurso contra la medida, pero sin negar los hechos que se le achacaban.

Lo que planteaba es que como las obras no habían supuesto contaminación al río ni alterado su cauce, la multa debía ser menor, y reducirse al mínimo posible, 120 euros.

Sin embargo, la Sala hace hincapié en la "magnitud e importancia" de la obra y en la "difícil eliminación" del cerramiento, y argumenta que, de imponerle la sanción mínima, al particular le hubiera resultado "más rentable" cometer la infracción y abonar la multa.