La Audiencia Provincial de Cádiz juzga este martes a una acusada por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia por continuar unas obras en una parcela que habían sido precintada al encontrarse en suelo no urbanizable. La Fiscalía pedirá dos y tres meses de prisión.

Según el escrito de calificación fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al año 2005 cuando la acusada, como administradora y representante de una empresa, promovió la construcción de una vivienda unifamiliar de 142,33 metros cuadrados en una parcela en El Puerto de Santa María.

La obra no era legalizable por no ser conforme con el planeamiento urbanístico, al estar enclavada en terrenos clasificados como suelo no urbanizable según el Plan General de Ordenación de la citada localidad vigente durante el año 2005.

Por ello, el Área de Urbanismo del Ayuntamiento portuense incoó un expediente y decretó la inmediata suspensión de las obras de construcción que se venían llevando a cabo en la misma, siéndole notificado a la acusada y precintando la vivienda.

No obstante, la acusada con conocimiento de la orden de suspensión y precinto de las obras, según la Fiscalía, procedió a retirar los precintos y a permitir que continuaran los trabajos de construcción en el interior de dicha vivienda.