La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, en Oviedo, acogerá del 23 al 27 de este mes, el juicio contra cinco personas, dos asturianas y tres hermanos de nacionalidad guatemalteca, entre ellos una religiosa de Ribadesella, por explotar laboralmente a inmigrantes que traía de forma irregular a España, según el informe fiscal al que ha tenido acceso Europa Press.

El Ministerio Público solicita para los imputados un total de 22 años y ocho meses, además de hacer frente también a indemnizaciones por perjuicios y daño moral a las víctimas, en diferentes cantidades, por un importe total de 22.500 euros. Asimismo, hay un sexto acusado, de nacionalidad guatemalteca y hermano a su vez de los tres imputados de esa misma nacionalidad, que se encuentra en paradero desconocido.

Según el relato fiscal, los cuatro hermanos contactaban con gente de su país, a los que facilitaban los billetes de avión, dándoles instrucciones sobre su comportamiento en la frontera para que pudieran entrar como turistas y recogiéndoles a su llegada a Asturias, actividades llevadas a cabo en ocasiones a cambio del pago de diversas cantidades, con una media de unos 1.500 euros.

Entre otras cosas, se les conminaba a que trajeran una cantidad determinada de dinero para no levantar sospechas en la frontera sobre su solvencia y se les indicaba que viajaran con poca ropa y comentaran que venían a Asturias a visitar la Virgen de Covadonga para hacerse pasar por turistas.

Trabajo "sin descanso"

Una vez en Asturias, eran trasladadas a domicilios particulares del Oriente asturiano, sobre todo de Ribadesella, para que trabajaran como empleadas del hogar o al cuidado de personas dependientes o niños, bajo condiciones "abusivas". Algunas de las víctimas trabajaron atendiendo al marido de una de las acusadas, que es tetrapléjico, y limpiando la casa, labor por la que cobrarían 600 euros al mes.

En este sentido, una de las víctimas estuvo trabajando en esta casa desde el 25 de diciembre de 2007 hasta agosto del año 2008, durante las 24 horas, todos los días de la semana "sin descanso". Asimismo, la acusada no la dejaba salir libremente sola de la casa y no la dejaba hablar a solas con su familia ni con las vecinas, además de quitarle el pasaporte, que solo se lo entregaba cuando iban al banco para enviar dinero a su país.

Dado que la víctima no sabe leer ni escribir, la acusada la acompañaba al banco a enviar el dinero a su país cuando cobraba su salario, único momento en que le devolvía el pasaporte. Además, la imputada le advirtió de que si contaba algo, la echarían de España porque la acusada tenía dos hijas que eran policías y 1o harían.

Ante esta amenaza, la mujer aguantó en la casa porque no quería que la extraditaran al haber pedido para venir a España un préstamo de 35.000 quetzales (3.500 euros) con el que hacer frente a los gastos del viaje, lo que le obligaba a devolver la cantidad y los intereses. En agosto de 2008, la acusada le informó que cuando llegara otra chica se podía ir, momento en el que le devolvió sus pertenencias y le permitió marchar.

La acusada repitió la misma operación con la nueva asistenta del hogar, que trabajaba sin descansos. No obstante, en un momento de descuido, la mujer, que estuvo trabajando en esas condiciones durante ocho meses, pudo acudir a la Policía a denunciar la situación.

En otro de los casos, cuando una de las víctimas, actual testigo protegido, vivía en el domicilio del acusado B.F.M., contactó con la acusada D.C.C., quien la tuvo trabajando en su establecimiento de lavandería industrial, situado en la planta baja de su domicilio, desde agosto hasta noviembre del año 2009.

A sabiendas de que carecía de permiso de trabajo y residencia; abusando de esta circunstancia y de la situación de necesidad de la chica extranjera, le impuso un horario laboral de 8.00 a 00.00 horas, solamente interrumpido por una pausa para comer, incluyendo sábados y domingos, para luego pasar a trabajar, a partir de noviembre, de 8.00 a 19.30 horas, a cambio de un sueldo de 800 euros al mes sin contrato de trabajo ni derecho a Seguridad Social.

Delito contra los derechos de extranjeros

En concreto, a E.F.M. le piden cuatro años de cárcel por el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. También a M.F.M. y B.F.M., defendidos respectivamente por Marta Estrada Requejo y Luis Manuel Valle Gómez, les solicitan seis años y un mes de prisión a cada uno por el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

En el caso de M.E.P.S., representada por el abogado José Manuel Fernández González, será juzgada por el delito contra los derechos de los trabajadores y se enfrentará a una pena de tres años y medio de cárcel. Por último, M.D.C.C., defendida por José Gonzalo Bembibre, está imputada del delito contra los derechos de los trabajadores y le piden tres años de prisión.

En cuanto al imputado que se encuentra en paradero desconocido, J.A.F.M., de nacionalidad guatemalteca y empadronado en Ardines (Ribadesella), la Fiscalía interesa que sea juzgado aparte una vez que sea localizado y puesto a disposición judicial por esta causa.

Consulta aquí más noticias de Asturias.