Según ha explicado este viernes en un comunicado, este medio ferroviario venía siendo gratuito para los usuarios mientras durara el periodo de pruebas, en horario interrumpido de lunes a viernes, de nueve de la mañana a dos de la tarde y de cinco a nueve de la noche. "Los informes técnicos a los que ha tenido acceso la UCE señalan que la gratuidad del servicio se debe a que la calidad del mismo no es óptima durante las pruebas, por lo que no existen argumentos para justificar el pago del precio de un billete", ha comentado.

Además, ha añadido que tanto la frecuencia de paso por las paradas como la duración del recorrido desde su inicio hasta el final no se puede ajustar a los once minutos estipulados cuando el tranvía esté a pleno rendimiento. Igualmente, no ha dejado pasar por alto que en experiencias anteriores de puesta en funcionamiento del tranvía en otras ciudades, ninguna entidad había cuestionado la gratuidad de un servicio que necesita ser perfeccionado para estar a pleno rendimiento en el momento de que los consumidores tengan que pagar por él.

Por ello, tras la medida cautelar adoptada por el titular del citado juzgado, los consumidores jiennenses "quieren que se les admita como parte de un procedimiento en el que está en juego los intereses de muchos usuarios del transporte público". En este sentido, ha precisado que la defensa jurídica de la UCE apela tanto a la Ley de Procedimiento Administrativo, que legitima para actuar a las asociaciones que estén reconocidas en la defensa e intereses colectivos, como a los estatutos de la propia organización que recogen entre sus objetivos la defensa de la ciudadanía en su condición de contribuyentes y usuarios de servicios de titularidad pública.

Asimismo y aunque habrá que esperar nuevas resoluciones judiciales sobre la existencia o no de competencia desleal, desde la UCE se ha destacado que los servicios públicos de transporte, que tienen un contrato de concesión administrativa con un ayuntamiento, reciben las pertinentes subvenciones públicas en compensación a la consideración de pérdidas en la explotación de un negocio en el que prima la rentabilidad social por encima de la obtención de los máximos beneficios posibles. "Su naturaleza de servicio público condiciona, entre otros aspectos, el establecimiento del precio del billete de la concesionaria o los horarios de frecuencia de paso de los autobuses", ha concluido.