El juez instructor del caso del presunto fraude en la Hacienda foral de Irun (Gipuzkoa), cuyo principal imputado es José María Bravo, ex director de la oficina del Fisco guipuzcoano en la citada localidad, ha acordado la apertura de juicio oral contra éste, su esposa Rosa Cobos, y su socio Pedro Atristain, mientras que el decorador José Lamy ha quedado fuera del proceso.

El auto, fechado el pasado día 16 y contra el que no cabe interponer recurso alguno, imputa a Bravo un delito continuado de malversación de caudales públicos de especial gravedad, un delito continuado de estafa, uno continuado de usurpación de funciones públicas, uno de insolvencia punible, y otro continuado de falsedad documental y de cohecho.

Cobos aparece imputada por un delito de malversación de caudales públicos, de alzamiento de bienes y Atristain por uno de receptación y blanqueo de capitales. Además, se acuerda el sobreseimiento provisional de la causa con respeto a Lamy por "no quedar debidamente acreditada su participación en los hechos".

Además, se fija un plazo de 10 días para presentar el escrito de defensa frente a las acusaciones formuladas y se ratifica la medida cautelar personal de libertad provisional bajo fianza, con comparecencias y prohibición de salida del territorio nacional impuesta a Bravo.

También se mantienen los embargos y demás medidas cautelares adoptadas y se declara a la Audiencia Provincial de Gipuzkoa como órgano competente para el enjuiciamiento de esta causa. FISCALÍA

La Fiscalía de Gipuzkoa ha pedido para Bravo un total de 24 años y tres meses de prisión, 20 años y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 16 años de inhabilitación absoluta por delitos de malversación, prevaricación, estafa, receptación, insolvencia punible y usurpación de funciones públicas.

Además, solicita para el ex director de la Oficina de la Hacienda foral en Irun, acusado de apropiarse de unos dos millones de euros, mediante el cobro de deudas tributarias a contribuyentes morosos que, luego, no eran ingresadas en Hacienda foral y que fue director de la Hacienda irundarra, una multa de dos millones de euros y restituir al fisco guipuzcoano con 1,9 millones de euros y con otros casi 245.000 euros a la Diputación.

La Fiscalía de Gipuzkoa reclama, además, una pena de 24 años y tres meses de cárcel, inhabilitación absoluta durante 16 años, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 20 años y tres meses, y una multa de dos millones de euros por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación continuada, receptación e insolvencia punible cometidos entre 1990 y 2004.

También pide 10 años y un mes de prisión para Cobos, esposa de Bravo, que trabajó en la Diputación guipuzcoana entre 1985 y 1994 y, posteriormente, en el Ayuntamiento de Errenteria y que se considera colaboradora de Bravo, por delitos de malversación, receptación e insolvencia punible, además de nueve años de inhabilitación absoluta y una multa de dos millones de euros.

Para el acusado, Pedro María Atristain, socio de José María Bravo en varias empresas, el ministerio público solicita una pena de un año y medio de cárcel por un delito de receptación.

Por otro lado, Bravo y Cobos deberán restituir o indemnizar a la Hacienda foral por vía de responsabilidad civil, con cantidades que suman 1.90.198,13 euros. Asimismo, el ex director de la Hacienda de Irun tendrá que indemnizar a la institución foral, por las cantidades no cobradas, a consecuencia de resoluciones de insolvencia o prescripción no ajustadas a derecho, en 244.963,76 euros más intereses.