Gorostiaga cree que es un "nuevo sobresalto" que se suma a 4 años de "nefasta gestión" por culpa del alcalde y PP

La vicepresidenta regional y secretaria general de los socialistas cántabros, Dolores Gorostiaga, ha manifestado que su partido acata la sentencia del 'caso Mioño' como hacen "siempre" con los fallos judiciales.
Lola Gorostiaga
Lola Gorostiaga
PSOE/EP
Lola Gorostiaga

La vicepresidenta regional y secretaria general de los socialistas cántabros, Dolores Gorostiaga, ha manifestado que su partido acata la sentencia del 'caso Mioño' como hacen "siempre" con los fallos judiciales.

La también candidata del PSOE a la Presidencia de la Comunidad cree que la sentencia que inhabilita al alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, así como a otros miembros de la anterior Junta de Gobierno es un "nuevo sobresalto" en el municipio, que se suma a los cuatro años de "sobresalto constante" debido a la "mala decisión" del regidor y al "apoyo" del PP.

Gorostiaga se ha referido así, en declaraciones a los periodistas, a la decisión de Muguruza de "cambiar su compromiso con los ciudadanos" tras las últimas elecciones municipales para "convertirse en un tránsfuga de libro" y, también, a la decisión del PP que lo ha "apoyado" durante estos últimos cuatro años "saltándose a la torera" el compromiso adquirido con el PSOE a nivel nacional para luchar contra el transfuguismo.

La sentencia es, por tanto, "un sobresalto más" dentro de cuatros años de "gestión nefasta" que ha "privado" a los castreños de la "estabilidad necesaria" en el Ayuntamiento para "cambiar" y "mejorar" su vida, sobre todo en un momento "exclusivamente delicado".

La candidata socialista cree que esta situación "solo y exclusivamente" la pueden "arreglar" los ciudadanos con su voto el próximo domingo. "Castro", ha dicho, "más que nunca" está "en manos de sus ciudadanos".

La sentencia, difundida este jueves, inhabilita al actual alcalde castreño, Fernando Muguruza; el teniente de alcalde, José Miguel Rodríguez, y el resto de miembros de la Junta de Gobierno local de la pasada legislatura, además del secretario, por prevaricación en la adjudicación de las obras del túnel de Mioño de forma directa y sin contrato a la empresa Izeta, del hermano de uno de los ediles.

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