Dos funcionarios de la Agencia Tributaria que participaron en la investigación del caso 'Malaya' han asegurado este martes que hay vinculación entre el exalcalde de Marbella (Málaga) Jesús Gil y el gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor, que gestionaba empresas del presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, a través de sociedades o negocios realizados.

Los dos peritos, que han continuado su declaración en el juicio contra la presunta trama de corrupción, han señalado que aunque aparecen familiares del exregidor "el cliente real no eran los hijos de Gil, sino realmente Jesús Gil" y que "se creó una estructura que sirvió para él actuar junto a Juan Antonio Roca" y otra persona "en determinadas operaciones que se llevaron desde el gabinete".

Así, han explicado una de las operaciones, que se investiga aún en un juzgado de Marbella y en la que, han indicado, se produce la compra de un préstamo del Ayuntamiento marbellí por una sociedad relacionada con Roca, aunque han precisado que las cantidades que se necesitan las aporta otra empresa, supuestamente vinculada a Gil.

Han manifestado que se observa que "intereses del alcalde, que estaban apantallados con sus familiares, adquirieron participaciones de una sociedad, que se gestionaba en el gabinete, que fue la que adquirió un crédito hipotecario". "Nos rechina mucho que un empleado de una sociedad en la que tienen intereses el alcalde y gerentes de empresas municipales lleve a cabo la compra de un crédito hipotecario que tiene una entidad financiera contra el Ayuntamiento", han dicho.

Al respecto, uno de los letrados del bufete y acusado, Francisco Soriano, ha asegurado que "es una auténtica falacia" que en ese despacho se llevara nada relacionado con Gil y que éste fuera cliente, ante lo que los funcionarios han apuntado que existe documentación en la causa, intervenida en dicho gabinete, que a su entender acreditan dicha vinculación y que ha sido mostrada. CONTABILIDAD

Asimismo, uno de los funcionarios ha asegurado que aunque no han utilizado los libros oficiales de contabilidad de las sociedades que se vinculan a Roca gestionadas por el despacho, "sí he manejado todos los conceptos contables necesarios para conformar esa contabilidad", cuestionándolas, al asegurar que "no todos los hechos económicos han sido correctamente contabilizados".

En este punto, el otro investigador ha precisado que en su opinión determinada contabilidad "no me resulta fiable", ya que ha puesto ejemplos en los que contratos de compra y pagos en determinadas operaciones, aunque finalmente se produjo una resolución de los mismos, "no están contabilizados", con lo que "no representa todos los hechos económicos".

Han indicado que en sus informes no se omitieron datos, sino que no consideraron necesario precisar las sociedades o circunstancias que se ajustaban a la legalidad. "El cumplir las obligaciones formales es llevar a cabo lo que está establecido, osea, que no le damos ningún mérito", ha apuntado uno de los funcionarios, insistiendo en que tampoco se recogieron los ingresos declarados.

En este sentido, han indicado que estos ingresos "no los omitimos sino que decimos que es un indicio más de querer actuar con una determinada apariencia que es la del cumplimiento de obligaciones y no tener dificultades con el órgano de control, entonces el señor Juan Antonio Roca acude a su despacho". "No están incluidos y no lo vemos relevante incluirlos", han apostillado.

Han vuelto a reiterar que se produjeron traspasos de efectivos entre sociedades y que se hallaron "préstamos ficticios", por ejemplo de la sociedad Gracia y Noguera a otras, ya que, han indicado, se observó que el crédito "no respondía a ninguna operativa comercial" y porque, en otras ocasiones, los fondos no procedían de la sociedad prestataria.

La letrada de Roca ha comenzado su interrogatorio, que seguirá este miércoles, a los funcionarios de la Agencia Tributaria y al responsable de la Sección de Blanqueo de la Udyco Costa del Sol, al que la letrada ha preguntado por las intervenciones telefónicas y sobre si se guardan copias de documentos de la operación 'Malaya' y si se utilizan para otras investigaciones.