El informe señala que el Ministerio Fiscal evita la revisión de las penas de muerte y destaca que "no se ha tomado ninguna medida legislativa" para la anulación de estas sentencias falladas en juicios injustos.

En este sentido, afirma que el Ministerio Fiscal se ha opuesto a la revisión de 46 autos dictados desde el año 2000 por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo en los que se pedía la revisión de penas capitales dictadas en juicios sumarísimos después de la Guerra Civil.

Archivos

El estudio de AI asegura que "no se ha tomado ninguna medida de envergadura" para facilitar el acceso a los archivos oficiales, cuya situación califica de "desastre" ya que muchos de ellos "carecen de personal" y de las condiciones de almacenamiento adecuadas, señala.

Tampoco existe un punto de información que remita a los familiares de las víctimas al archivo donde puedan encontrar la información, agrega el estudio de AI.

En este sentido, Beltrán alertó de que "existe la posibilidad de que desaparezcan, incluso deliberadamente, algunos archivos".

A su juicio, la orden del Ministerio de la Presidencia de diciembre pasado que establece subvenciones a los particulares para las actividades relacionadas con la recuperación de la memoria y exhumación de víctimas, supone "eludir responsabilidades que competen al Estado".

Asimismo, AI afirma que el Gobierno español no ha mandado ninguna contestación al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU en relación a los casos de desaparecidos durante el régimen franquista que han solicitado.

Anteproyecto de ley

Por todo ello, la asociación de defensa de los derechos humanos recomienda al Gobierno que el anteproyecto de ley que prepara sobre este tema debe incluir medidas para preservar los archivos y dirigidas a la anulación de sentencias dictadas tras juicios injustos.

De igual modo, solicita la creación de un órgano oficial temporal no judicial con el mandato de investigar los abusos graves.

También propone el establecimiento de normas para la localización de fosas comunes y la creación de una Fiscalía especializada para asegurar la colaboración de todas las instituciones.

Beltrán destacó que en cualquier país ha habido "imperfecta justicia o una imperfecta reparación" hacia las víctimas de derechos humanos, pero en España "no ha habido nada" salvo algunas "medidas muy parciales" para afectados que deben demostrar que lo fueron.

El director de AI señaló que "no se puede negar el derecho que tiene una víctima" a iniciar juicios por estas situaciones y destacó que es el Gobierno actual "el que tiene la responsabilidad como lo tuvieron los anteriores y no hicieron nada".

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