El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, ha defendido este viernes que las instrucciones publicadas en el Diario Oficial de Galicia (DOG) sobre la Ley del Suelo no la modifican, sino que concretan la interpretación que se debe hacer de la misma, con el fin de hacerla "homogénea" entre los técnicos municipales.

Así lo ha afirmado en respuesta a preguntas de los periodistas acerca del alcance de las cuatro instrucciones aprobadas por la consellería. El objetivo, ha dicho, es "reconocer una realidad y dar seguridad jurídica a unas 1.200 empresas" que se encuentran en situación irregular y que podrán solicitar su legalización.

Una de estas instrucciones afecta a una disposición de la ley que permite legalizar inmuebles sin licencia construidos antes del 1 de enero de 2003 y sobre los que no se haya iniciado un expediente de reposición de la legalidad. El conselleiro ha defendido que se trata de que empresas en esa situación se puedan mantener y ha cifrado su número en 1.200 y los empleos que generan en 10.000. Conservar los puestos de trabajo es "lo que haría cualquier gobierno responsable", ha argumentado.

Así, Hernández ha indicado que para modificar una ley es necesario aprobar otra norma del mismo rango, es decir, otra ley. "El objetivo de las instrucciones no es la modificación de la ley", ha sostenido y ha afirmado que es guiar la interpretación de la misma.

Estas instrucciones, ha apuntado, nacieron de unas jornadas técnicas que la consellería organizó por toda Galicia "en los últimos meses". "Es un procedimiento normal", ha asegurado y ha citado los casos de las leyes de suelo de 1985, 1997 y 2002, que se completaron, respectivamente, con siete, cinco y ocho instrucciones y circulares.

Estos textos pretenden establecer "la forma concreta" de interpretación para que "los técnicos municipales no tengan ninguna duda, ha insistido el conselleiro, que ha destacado que se dirige "especialmente" a la herramienta que permite que, desde la fecha de la aprobación de la ley hasta el 1 de abril de 2013, se puedan legalizar naves industriales y aglomeraciones industriales que estuviesen situadas en el territorio antes del 1 de enero de 2003 y que "no tengan ningún tipo de expediente de reposición de la legalidad urbanística". "Creemos que es necesario, que es una herramienta imprescindible", ha zanjado.