La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha admitido en parte un recurso de queja presentado por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para que declaren en la conocida como 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel', su escolta y su conductor y el consejero delegado de Orange Market, Cándido Herrero, empresa vinculada a la trama.

El presidente de la Generalitat había solicitado al instructor de la causa en el TSJCV, José Flors, que en la audiencia preliminar donde se debe oír a las partes sobre la procedencia de la apertura del juicio oral se practicara una serie de diligencias, entre ellas, la testifical de su escolta y el conductor; del considerado presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa; de Cándido Herrero y la pericial de dos inspectores de Hacienda y dos economistas, peticiones que fueron rechazadas por el magistrado, y contra las que cabía recurso de queja.

Camps presentó el escrito, al que se adhirió en parte el exvicepresidente del Consell, Víctor Campos, mientras que la acción popular se opuso "de modo completo". Ahora, la sala ha estimado en parte las peticiones del presidente de la Generalitat y ha acordado practicar la testifical de Cándido Herrero porque considera que el instructor "no ha llegado a tomar en consideración el carácter imprescindible o no de la diligencia", que en principio se pidió "de forma correcta".

Asimismo, acuerda practicar la del escolta y el chofer del presidente de la Generalitat, de quienes afirma que la comparecencia "no es inútil y, desde el planteamiento que hace la defensa, podría en general tener alguna influencia a la decisión que se deba adoptarse entre abrir el juicio o el sobreseimiento o, en último caso, en el ámbito sobre el que se abre el juicio oral".

En los razonamientos jurídicos, la sala indica que en este caso no se trata de que la sala acuerde o no diligencias de investigación "sino simplemente de estar al examen de la adecuación legal o no de la denegación" que realizó el instructor.

Así, en relación con la testifical de Cándido Herrero, recuerda que fue pedida en un primer momento como consecuencia del contenido de la declaración de otro testigo y fue denegada "sin entrar a considerar si era o no imprescindible, con el argumento de que podía practicarse en la audiencia preliminar". Posteriormente, el instructor la rechazó para este acto porque entendió que Camps no dio "razón alguna desde la que poder determinar la condición de imprescindible del testimonio".

Al respecto, la sala señala que la conclusión es que el recurso debe ser estimado porque el instructor "no ha llegado a tomar en consideración el carácter imprescindible o no de la diligencia", por lo que la denegación "no ha respondido a la aplicación coordinada" de dos de los artículos de la Ley del Jurado, "sino que los dos se han utilizado, digamos, sin coordinación entre ellos para la denegación de una diligencia que se pidió en principio de forma correcta".

En relación con la petición de declaración de Francisco Correa, la sala afirma que "por extraño que pudiera parecer, partiendo del hecho de que las partes acusadoras han presentado a esta persona como el centro de una organización de empresas y personas que ha dado lugar a toda una serie de hechos considerados delictivos, el caso es que la parte recurrente afirma que el señor Correa Sánchez no ha llegado a declarar en las actuaciones de este procedimiento".

Eso supone, según el tribunal, que la estimación de la petición llevaría a que Correa "declara por primera vez". En este caso, apunta a que la solicitud "necesitaría una razón que permitiera evaluar la condición de imprescindible del testimonio para decidir entre la apertura del juicio oral o el sobreseimiento", es decir, que "debería haberse puesto en relación con algún hecho concreto de los imputados al señor Camps Ortiz que pudiera estar determinado en su existencia o inexistencia" de la declaración pedida.

Pago de la chaqueta

Sobre la testifical del escolta y el conductor, la sala refleja en el escrito que para el instructor, "si se parte de que no se discute ('nadie pone en duda') que una chaqueta fue pagada por el señor Camps Ortiz en metálico, las declaraciones de estas personas son inútiles porque sobre ese pago no hay cuestión".

Por contra, para la defensa de Camps, "se parte del hecho, meramente afirmado por la misma como es obvio, de que un día antes del verano de 2008 fue a recoger un traje ya encargado y en el mismo acto de recogida compró una chaqueta de oferta; al llevar sólo el dinero necesario para pagar el traje, pidió al chofer y al escolta si llevaban dinero en efectivo", y con el que le dejó el agente hizo el abono. El fin de la propuesta no es acreditar el pago de esa prenda sino que atiende "al conjunto de lo sucedido aquel día".

Para la sala, en esta segunda consideración "la declaración de los dos testigos no es inútil" y, desde el planteamiento que hace la defensa "podría en general tener alguna influencia a la decisión que deba adoptarse entre abrir el juicio o el sobreseimiento, en último caso, en el ámbito sobre el que se abre el juicio oral", razón por la que estima el recurso.

La sala rechaza, en cambio, la petición para que una persona que no ha actuado como perito en la causa pueda ratificar un dictamen de otro, porque eso es algo que debe hacer quien ha hecho el informe y también desestima la solicitud sobre la documental propuesta.

Recurso de betoret

Por otra parte, la sala ha desestimado un recurso de queja presentado por la representación de otro de los imputados en el proceso, el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turisme y actual responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, contra la decisión del instructor de no admitir a trámite un recurso de súplica para incorporar a la causa las conversaciones intervenidas en la cárcel entre abogados y clientes acordadas por el juez Baltasar Garzón y que se pidiera a la Policía que hizo el registro de los locales de 'Orange Market' que presente en el TSJCV informes de detectives privados que, al parecer, estaban en dependencias de la empresa.

Al respecto, la sala señala que es "evidente" que el instructor no podía admitir a trámite un recurso no previsto legalmente contra decisiones dictadas por él mismo (recurso de súplica), y que la defensa no utilizó el de apelación ni tampoco acudió al mecanismo de aclaración de la resolución recurrida.

No obstante, la sala "en lo que quizá pudiera considerarse como un exceso en la interpretación favorable del derecho a la tutela judicial (...), estima que las causas de denegación de las diligencias solicitadas y expresadas por el instructor son "plenamente acordes a derecho, singularmente dada la fase procesal en que se encuentra el procedimiento".